La shadenfreude de Europa debida al caso Enron se ha acabado. Lo han logrado los escándalos de Vivendi, el año pasado, y Parmalat, este año. Europa, como los Estados Unidos -como todo el mundo capitalista, de hecho- debe adoptar ahora una actitud más dura al exigir el procesamiento y el castigo de los jefes que saquean sus empresas.

Los fiscales americanos en el caso Enron han logrado grandes avances últimamente, pues algunos importantes granujas, como Andrew Fastow, se han ofrecido a declararse culpables y a presentar testimonio contra sus antiguos colegas. El Sr. Fastow irá a la cárcel por diez años; aquellos contra los que presente testimonio afrontarán sentencias aún más largas.

Los fiscales italianos parecen absolutamente dispuestos a hacer pagar un precio similar a los que saquearon Parmalat, pero esos casos transcienden el ámbito de las empresas robadas y los accionistas traicionados. Lo que está en juego es nada menos que la impresión de imparcialidad del mercado y el apoyo político en todas partes a las políticas orientadas al mercado.

Las economías capitalistas producen desigualdades, en muchos casos muy grandes. Hasta cierto punto, y en la medida en que las diferencias de renta se deben a diferencias en capacidad, esfuerzo, inversión en educación, etc., son necesarias con vistas a brindar los incentivos correctos para invertir, trabajar, innovar y crecer.

Pero cuanto más empañada esté la reputación de imparcialidad del mercado más verán los ciudadanos comunes y corrientes las diferencias de renta como simple resultado de corrupción, actividades ilegales, conexiones con los funcionarios públicos y demás, lo que aumentará las peticiones de mayor reglamentación e intervención estatal en la economía para controlar mejor a los capitalistas indisciplinados e indignos de confianza.

Además, cuanto más "injusta" (es decir, resultante de la corrupción y la ilegalidad) se considere la acumulación de riqueza más aumentará la presión para que se aplique una fiscalidad severa a las "ganancias mal habidas". Si alguna de esas medidas populistas consiguiera volver más justos los mercados y mejorar su funcionamiento, diríamos: "así sea". Por desgracia, esa clase de reacción ante los hombres de negocios corruptos pone en marcha un círculo vicioso: una mayor reglamentación puede propiciar una mayor corrupción para evitarla; la aplicación de unos impuestos altos a la riqueza provocará una evasión fiscal aún mayor, con lo que el sistema resultará aún menos limpio.

Lamentablemente, en la actualidad bajo la maliciosa denominación de "capitalismo de vaqueros" se agrupan cosas tan heterogéneas como los ejecutivos con salarios muy elevados, los escándalos de Enron y Parmalat, las fusiones y adquisiciones discutidas, la volatilidad de los mercados de valores, los "bonos basura" y las burbujas formadas con los precios de los activos. Los europeos son particularmente proclives a considerarlo así... y a ver en una intervención estatal potente al sheriff encargado de impedir que los vaqueros invadan la ciudad sin cesar de disparar.

Resulta particularmente preocupante, porque Europa ha empezado recientemente a orientarse en la dirección correcta de desreglamentación de los mercados. Como el apoyo político a esos cambios es aún débil, existe el riesgo de que los oponentes utilicen Parmalat, Enron, Vivendi y otros casos como excusa para invertir ese proceso. En muchos países en desarrollo, unos reglamentadores débiles y una impresión generalizada de corrupción constituyen con frecuencia obstáculos para las reformas en pro del mercado; la izquierda (populista o de otra índole) puede argumentar de forma creíble que el capitalismo es "corrupto", por lo que debe estar sometido a la tutela del Estado.

Ésa es una razón poderosa por la que al capitalismo de mercado le cuesta tanto arraigar en el mundo en desarrollo. Si los capitalistas son corruptos, ¿cómo vamos a convencer a un campesino pobre para que crea en la economía de mercado? Votará a favor de las políticas populistas. El resultado es aún más corrupción y menos crecimiento en algo así como una trampa de la pobreza "inducida por la corrupción".

El escándalo de Parmalat puede haber sido un golpe para el capitalismo mundial, pero en Italia se espera que sea la sentencia de muerte para un sistema económico tradicionalmente basado mucho más en las "conexiones" entre grupos privados -y entre dichos grupos y el sector público- que en los mercados competitivos. Para Italia la solución evidente consiste en fortalecer las instituciones financieras e investigadoras del país y mejorar la concepción de los organismos reglamentadores, en particular la calidad de su personal. Sin embargo, no se logrará de la noche a la mañana y entretanto la demanda de una mayor reglamentación puede dar como resultado una estructura pesada e ineficaz y que al final obstaculice las fuerzas del mercado, en lugar de corregirlas.

Se debe fortalecer la supervisión dentro de las empresas italianas procurando que en los consejos de administración de las empresas públicas haya un número suficiente de directores no ejecutivos. Probablemente un solo director independiente habría sido suficiente para dar la alarma en Parmalat: en su consejo de administración no había ninguno.

Asimismo, podría ser útil hacer que las empresas de contabilidad fueran seleccionadas por accionistas minoritarios o cobraran de la Bolsa y no de la propia empresa. A ese respecto incluso los recientes cambios introducidos en los Estados Unidos se han quedado cortos: impiden que las empresas de contabilidad hagan también de asesoras de una empresa, pero siguen dejando al arbitrio de ésta la decisión sobre la remuneración de los contables, con lo que crean un incentivo perverso para dar pruebas de irresponsabilidad con los informes financieros.

Resulta sorprendente que, mientras que el gobierno italiano está muy ocupado reorganizando la estructura reglamentadora y supervisora de las instituciones financieras y los mercados financieros del país, no se diga nada de los directores independientes y de las empresas de contabilidad. Al fin y al cabo, los buenos sheriffs necesitan a ciudadanos activos que formen parte de su partida y de los jurados. El capitalismo limpio necesita el mismo tipo de compromiso generalizado.