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Mejor que Basilea

ROMA – Los Acuerdos de Basilea –diseñados para proteger a los ahorristas y el público en general de las malas prácticas bancarias– exacerbaron el círculo vicioso económico desatado por la crisis financiera de 2008. Durante la crisis, a medida que la confianza de las empresas se evaporó, los bancos se vieron forzados a vender activos y a recortar los créditos para cumplir con los requisitos de capital estipulados en los Acuerdos. Esta restricción crediticia tuvo como consecuencia una brusca caída en el PBI y el empleo, al tiempo que las fuertes ventas de activos profundizaron el deterioro.

Un reciente estudio que realizamos con Jacopo Carmassi, Time to Set Banking Regulation Right(Es hora de corregir la normativa bancaria), muestra que al permitir a los grandes bancos internacionales un exceso de apalancamiento y exposición al riesgo –en algunos casos permitiéndoles acumular pasivos totales por hasta 40, o incluso 50 veces su capital accionario– las normas bancarias de Basilea no solo permitieron sino también, irónicamente, intensificaron la crisis.

Luego de la crisis, los líderes mundiales y los responsables de los bancos centrales revisaron la normativa bancaria, en primer lugar, rectificando las normas de prudencia de Basilea. Desafortunadamente, el nuevo Acuerdo III de Basilea y la subsiguiente Directiva de la UE sobre Requisitos de Capital no han logrado corregir las dos principales falencias de las normas internacionales de prudencia –esto es, su dependencia de los modelos de gestión de riesgo de los bancos para el cálculo de los requisitos de capital, y la falta de rendición de cuentas de los supervisores.

El último ejemplo que destaca esta falencia es Dexia, el grupo bancario belga-francés que quebró en 2011 –inmediatamente después de aprobar con honores las pruebas de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea. La apabullante opacidad de los índices de solvencia fomentó que los reguladores hicieran la vista gorda a los excesivos riesgos que asumían los bancos.

El problema es que las normas sobre capital de Basilea –sean de Basilea I, II o III– no sirven para diferenciar a los bancos débiles de los sólidos. De hecho, frecuentemente los bancos que quebraron o tuvieron que ser rescatados luego de la crisis financiera de 2008 tenían índices de solvencia más elevados que los de los bancos que soportaron los embates sin asistencia.

Para agravar el problema, la diversidad en los índices de capital de los bancos también indica una fortísima distorsión en el marco internacional, ya que las condiciones cada vez más competitivas en los mercados financieros han llevado a la discrecionalidad por parte de los distintos países para la aplicación de las reglas. Mientras tanto, la opacidad de los indicadores de capital ha imposibilitado imponer disciplina al mercado.

Por lo tanto, es probable que los grandes bancos continúen con un capital demasiado pequeño y asumiendo riesgos excesivos, aumentando la probabilidad de nuevos brotes de inestabilidad financiera. Para superar estas falencias en la normativa bancaria internacional son necesarias tres medidas.

En primer lugar, los requisitos de capital deben fijarse como una proporción directa entre el capital ordinario y los activos totales, abandonando de esa forma toda referencia a los modelos de gestión de riesgos de los propios bancos. El nuevo índice de capital debe ser elevado a entre el 7 y el 10% de los activos totales para disminuir la toma de riesgo por parte de los banqueros y minimizar el impacto económico real del desapalancamiento de gran escala luego de la pérdida de confianza en el sistema bancario.

En segundo lugar, como base para un nuevo sistema de acciones de supervisión obligatorias, deberían usarse nuevos índices de capital con múltiples umbrales de capital decrecientes, que dispararían acciones correctivas cada vez más invasivas. Los supervisores deberían estar obligados a intervenir. Podrían argüir que la acción no es necesaria en un caso específico, pero tendrían que hacerlo públicamente, asumiendo así la responsabilidad por su inacción. Para erradicar el riesgo moral, el sistema debe contar con un procedimiento para la decisión de cierre los bancos cuando su capital cae por debajo de un umbral mínimo.

Finalmente, las normas de solvencia deberían estar complementadas por la obligación para los bancos de emitir una cantidad sustancial de deuda no garantizada –del orden del 100% de su capital– convertible en acciones. Estas obligaciones deberían estar diseñadas para crear un fuerte incentivo en los gerentes y accionistas de los bancos a ampliar su capital accionario en vez de sufrir la conversión.

Estas tres medidas, si se aplican a todos los bancos, eliminarían la necesidad de normas especiales que rijan la liquidez o el financiamiento (que continuarían siendo supervisados, pero sin límites obligatorios). Tampoco habría necesidad de restricciones especiales sobre las actividades y operaciones bancarias.

La característica más notable de las deliberaciones de políticas sobre las normas de prudencia bancaria hasta ahora ha sido su delegación en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y los propios bancos, ambos actores con intereses creados en preservar el sistema actual. Los gobiernos y parlamentos tienen la obligación de iniciar una profunda revisión de las normas de Basilea, y exigir revisiones que las alineen con el interés público.

Traducido al español por Leopoldo Gurman