Tras disiparse la conmoción inicial del ataque terrorista contra la dirigente de la oposición pakistaní Benazir Bhutto, está resultando claro que fue una bendición política para ella, al desencadenar una oleada de condolencia que supera en gran medida los límites de su bastión local de Sindh. Aun así, a Bhutto le está resultando difícil convertir ese cambio del talante público en un mayor apoyo político.
Bhutto, dirigente del partido popular del Pakistán, necesita todo el apoyo que pueda encontrar después de regresar del exilio. Su decisión de constituir una alianza de conveniencia con el impopular gobernante militar del Pakistán, Pervez Musharaf, sigue socavando su pretensión de presentarse como restauradora de la democracia y adalid de la calle. Ese acuerdo ha brindado mayor legitimidad pública a Musharraf, quien compartirá parte del poder que ha monopolizado. Sin embargo, poco amor hay entre los dos y menos aún política común.
En teoría, el ataque suicida contra Bhutto debería haberlos aproximado más. Al fin y al cabo, los militantes islámicos han intentado repetidas veces asesinar a Musharraf. En cambio, Bhutto acusó a miembros del propio partido de Musharraf, la Liga Musulmana del Pakistán (Q), y su gobierno de haber desempeñado un papel en el ataque. "El caso es que ni el ministro federal Ijazul Haq ni el Presidente de la Q, Chaudhry Shujaat, han sido atacados nunca por terroristas suicidas", dijo. Shujaat, sólo a medias en broma, le devolvió el favor calificándola de terrorista. Musharraf denunció las declaraciones de Bhutto.
Bhutto y Musharraf convienen implícitamente en que otro dirigente democrático del Pakistán, Nawz Sharif, debe continuar en su exilio en Arabia Saudí hasta las elecciones generales de enero, pero falsear las elecciones de ese modo perjudica a Bhutto más que a Musharraf, al reforzar la sensación de que es una colaboradora del ejército y de que Sharif es el auténtico dirigente democrático, por lo que está obligada a mantener distancias con Musharraf.
Casi todo el mundo conviene en que lo que hay entre ellos no es tanto una alianza política cuanto una boda a punta de pistola. Gran parte de la munición de la pistola procede de los Estados Unidos, que consideran necesario mantener al ejército en el poder para la batalla a corto plazo contra los nuevos grupos talibanes. Sin embargo, los Estados Unidos creen también que, para reducir el apoyo popular a los fundamentalistas islámicos a largo plazo, es necesario un gobierno democrático legítimo. Los partidos islámicos han solido beneficiarse electoralmente cuando los partidos democráticos renqueaban políticamente.
Los EE.UU. esperan conseguir lo mejor de esas dos posiciones, pero corren el riesgo de obtener lo peor de las dos: una dirigente civil sin legitimidad junto con un dirigente militar demasiado débil para combatir a los militantes islámicos, que gobiernan virtualmente las zonas tribales cercanas al Afganistán.
Asimismo, la capacidad de Bhutto para jugar la carta de Musharraf y seguir conservando el apoyo público es frágil. Una encuesta de opinión realizada en agosto por el Instituto Republicano Internacional reveló que el 47 por ciento de los votantes pakistaníes apoyaban la alianza Bhutto-Musharraf y el 37 por ciento se oponían a ella. Resulta digno de mención que casi una tercera parte del propio partido de Bhutto se opusiera a ese acuerdo.
La reciente y burlesca reelección de Musharraf como Presidente probablemente costará apoyo a Bhutto. El ataque terrorista y su propia respuesta –el ataque al partido de Musharraf, la visita a los heridos en el hospital y el ofrecimiento de pagar su asistencia médica– probablemente le hayan permitido recuperarlo en parte. Lo que ahora hay que preguntarse es si podrá conservarlo.
Un motivo de preocupación para Bhutto es el papel del poder judicial, que no aprecia a Musharraf precisamente. Sin embargo, su aquiescencia a su reelección parece confirmar los rumores de que los jueces han llegado a un acuerdo con los generales. La carta peliaguda es la guerra cada vez más feroz entre el Estado paquistaní y los militantes islámicos, que han establecido un Estado independiente de facto –un llamado "Al Qaedastán"– a caballo de la frontera entre el Pakistán y el Afganistán.
El ejército está perdiendo docenas de hombres todas las semanas y afrontando cada vez mayores problemas disciplinarios por parte de sus soldados de la etnia pashtún, oriundos de la región fronteriza. La respuesta de los militantes ha sido atentados suicidas con bombas en los centros urbanos del corazón del Pakistán.
Pero los atentados no han movido al público a unirse contra los militantes islámicos. Una encuesta realizada en septiembre por Terror Free Tomorrow reveló que Osama ben Laden, los talibanes y los militantes islámicos locales recibían porcentajes de aprobación iguales o mayores que Musharraf. No se aprueba la intensificación de los atentados suicidas con bombas, pero hasta ahora los pakistaníes habían solido considerar la violencia una consecuencia innecesaria y evitable de la participación del Pakistán en la "guerra al terror" encabezada por los EE.UU.
Musharraf ya se ha visto perjudicado por ello. Si socava la popularidad de Bhutto, puede que ésta se arrepienta de su acuerdo con el general como de un pacto faustiano.
El mayor peligro es el de que cualquier gobierno del Pakistán necesita una mayor legitimidad para reñir la guerra contra el "Al Qaedestán", que se está intensificando. Al acceder al deseo de Musharraf de mantener a Sharif en los márgenes políticos, los EE.UU. se han quedado con pocas opciones, en caso de que la alianza Bhutto-Musharraf no propicie un gobierno aceptable para los pakistaníes. Al mismo tiempo, Bhutto siempre recuerda que los intentos de su padre de jugar a la política con el ejército lo llevaron con el tiempo a la muerte a manos de los generales.


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