Tuesday, July 22, 2014
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Un ataque a la OEA

CIUDAD DE MÉXICO – Estas últimas semanas han sido desafortunadas para América Latina. Además de los enormes terremotos que azotaron a Haití y Chile, una muerte provocada por una huelga de hambre en Cuba y la represión creciente contra los derechos humanos y la oposición en Venezuela también han sacudido a la región.

Para empeorar la situación, la región también ha presenciado un intento superficialmente absurdo, aunque realmente peligroso, de los países de la ALBA  –Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay- para crear, con la aquiescencia de México, Brasil y Argentina, una organización regional con la exclusión de los Estados Unidos y Canadá. La esperanza es que este nuevo grupo sustituya en última instancia a la Organización de los Estados Americanos.

El 24 de marzo la OEA tendrá que decidir si reelige al diplomático y político chileno, José Miguel Insulza, como su secretario general. Debería, porque Insulza es probablemente la única figura que puede aprender de los errores de la OEA de los últimos cinco años, pero también corregirlos, y por consiguiente, salvarla del olvido.

La represión contra la libertad de prensa, el Estado de derecho y los procesos electorales en Venezuela –como han informado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y más recientemente, en un informe condenatorio de 300 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- empeora cada vez más. La OEA únicamente puede intervenir en los asuntos internos políticos, electorales y de derechos humanos si la mayoría de sus miembros le da el mandato para hacerlo, y los países como México y Brasil están temerosos de provocar una disputa con Venezuela. No obstante, Hugo Chávez tiene razón en estar nervioso.

Las elecciones legislativas de septiembre próximo serán un mayor desafío para Chávez que en ocasiones anteriores. Los cortes en los suministros de electricidad, la prolongada sequía, la inflación y la escasez están haciendo más difícil la vida de la población venezolana, y la aceptación de Chávez en las encuestas de opinión está cayendo. Ocurre lo mismo con su estatura y popularidad en el exterior, especialmente después de que un juez español lo acusara de haber conspirado para asesinar al ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, en Madrid en 2002.

Además, recientemente Chávez ha sufrido varios reveses regionales, y todos tienen repercusiones internas. La muerte de Orlando Zapata, disidente cubano que estaba en huelga de hambre, mientras los líderes latinoamericanos celebraban una reunión en Cancún para crear su nueva organización, desató una ola de indignación contra los hermanos Castro en los Estados Unidos, Europa y América Latina (aunque no entre sus gobiernos, que guardaron silencio).

Chávez sabe que su seguridad personal depende de la protección permanente de los servicios de inteligencia cubanos. Cualquier cambio en el gobierno de la Habana lo dejaría en una situación difícil.

Sin embargo, así como Chávez está preocupado por los rumores y los disidentes en Cuba, los líderes de la isla están inquietos por lo que sucede en Caracas; saben que no pueden sobrevivir sin el petróleo y los subsidios de Chávez. Por ello, los hermanos Castro enviaron al número tres del régimen, Ramiro Valdez, quien ha estado involucrado en la seguridad cubana desde 1959, a vigilar los asuntos en Venezuela.

El círculo de amigos de Venezuela en la región se está reduciendo. Los nuevos presidentes de Honduras y Chile no son aliados, a diferencia de sus predecesores. El fin del intento de reelección del presidente Álvaro Uribe de Colombia complicará la existencia al caudillo de Caracas, pues eliminará un pretexto para su propia perpetuación en el poder. También puede dar lugar a un presidente en Bogotá que sea partidario de una línea más dura hacia Chávez que la de Uribe.

Por todo lo anterior, así como por la proclividad de Chávez a las farsas espectaculares, y la destreza de los cubanos para tomar la ofensiva diplomática, los países de la ALBA pueden estar preparando una gran trastada latinoamericana.

Honduras fue suspendida de la OEA el año pasado, después del golpe de junio que expulsó al presidente electo, Manuel Zelaya. Subsiguientemente, el gobierno interino pudo resistir la presión del exterior para devolverle el poder, llevó a cabo unas elecciones previamente programadas y entregó el poder a un nuevo presidente, democráticamente elegido, Porfirio Lobo, que ahora ha sido reconocido por los Estados Unidos, la UE y varios, aunque no todos, los gobiernos de la región.

Chávez, los cubanos y sus aliados, sin embargo, no quieren saber nada de Lobo y vetaron su presencia en la cumbre de Cancún en donde se concibió la nueva organización latinoamericana. El hecho de que podría parecer absurdo invitar a Cuba, que no ha tenido un presidente electo desde los años cincuenta, pero no a Lobo, que fue limpiamente elegido hace apenas unos meses, no pareció preocupar al anfitrión mexicano, Felipe Calderón, ni a sus colegas.

Pero el problema es que la OEA celebrará su asamblea nacional en junio de este año en Perú, y varios países –Canadá, Costa Rica, los Estados Unidos, Colombia, Panamá, el mismo Perú, y probablemente Chile- presionarán para que Honduras sea readmitida. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Paraguay, y posiblemente Argentina, se negarán.

El resultado bien puede ser que estos países dejen la OEA y busquen refugio en la nueva organización que acaban de establecer. México y Brasil no harán lo mismo pero tampoco se opondrían a la medida. El hecho de que la reunión de Cancún no ofreció los fondos, la sede, la carta o el personal para la nueva organización no importa: los líderes latinoamericanos están acostumbrados a construir castillos en el aire.

Pero incluso una estructura puramente retórica probablemente significaría la sentencia de muerte de la OEA y debilitaría sus instrumentos de derechos humanos, que han demostrado su creciente valor y eficacia. El principal desafío a que se enfrenta la OEA –si sobrevive a la salida de la izquierda radical- es llenar las lagunas de sus documentos básicos en lo que respecta a la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos.

Estas lagunas consisten en no definir con precisión qué significa la interrupción de un régimen constitucional – ¿es sólo el derrocamiento de un presidente electo, o también el cierre de una legislatura o un canal de televisión?- y ofrecer a la OEA facultades más allá de de la suspensión de sus miembros por infringir sus preceptos. Esta revisión debería de ser la tarea principal del reelecto secretario general, junto con mantener unida a la OEA y defender la democracia latinoamericana contra la arremetida de la ALBA.

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