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Por qué la democracia exige expertos de confianza

PARÍS – El mes pasado, escribí un comentario preguntando por qué los votantes en el Reino Unido estaban a favor de abandonar la Unión Europea, desafiando el peso abrumador de la opinión de los expertos que advertían sobre los enormes costos económicos del Brexit. Observé que muchos votantes en el Reino Unido y en otras partes están furiosos con los expertos económicos. Dicen que los expertos no supieron prever la crisis financiera de 2008, antepusieron la eficiencia en su consejo sobre políticas y asumieron ciegamente que los perdedores por culpa de sus prescripciones políticas podían ser compensados de alguna manera no especificada. Expuse que los expertos deberían ser más humildes y prestar más atención a las cuestiones distributivas.

El artículo provocó muchos más comentarios de lectores que de mis colegas. Sus reacciones esencialmente confirman el enojo que yo ya había percibido. Consideran que los economistas y otros expertos están aislados de las preocupaciones de la gente común -preocupaciones que les resultan indiferentes-; que están movilizados por una agenda que no coincide con la de los ciudadanos; que muchas veces están francamente equivocados y, por ende, resultan incompetentes; que manifiestan un sesgo a favor de las grandes empresas y la industria financiera, o responden a ellas; y que son ingenuos -al no ver que los políticos eligen análisis que se adecuan a sus objetivos y no consideran el resto-. Los expertos, dijeron algunos, también son culpables de la fractura de la sociedad al segmentar el debate en infinidad de discusiones estrechas y especializadas.

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Notablemente, también recibí comentarios de profesionales en el campo de las ciencias naturales que decían que la creciente desconfianza que sentían los ciudadanos por los expertos también era generalizada en sus disciplinas. Las opiniones científicas en campos como la energía, el clima, la genética y la medicina enfrentan un rechazo popular generalizado. En Estados Unidos, por ejemplo, una encuesta de Pew Research determinó que el 67% de los adultos piensa que los científicos no entienden con claridad los efectos en la salud de los organismos modificados genéticamente. La desconfianza de los OMG es mucho mayor en Europa. Mientras que el respaldo general por la ciencia sigue siendo fuerte, muchos ciudadanos creen que es manipulada por intereses especiales y que, en algunas cuestiones, la visión común se desvía de la evidencia establecida.

Esta división entre expertos y ciudadanos es un motivo serio de preocupación. La democracia representativa está basada no sólo en el sufragio universal, sino también en la razón. En términos ideales, las deliberaciones y los votos resultan en decisiones racionales que utilizan el estado actual del conocimiento para ofrecer políticas que mejoran el bienestar de los ciudadanos. Esto exige un proceso en el cual los expertos -cuya competencia y honestidad sean confiables- informan a quienes toman las decisiones sobre las opciones disponibles para satisfacer las preferencias manifiestas de los votantes. Es poco probable que los ciudadanos se sientan satisfechos si creen que los expertos están imponiendo su propia agenda, o se dejan llevar por intereses especiales. La desconfianza hacia los expertos alimenta la desconfianza hacia los gobiernos elegidos democráticamente, si no hacia la democracia misma.

¿Por qué existe una división de estas características entre los expertos y la sociedad? Cada país ha tenido su propia serie de escándalos de alto perfil vinculados a la salud o la seguridad. Los expertos han sido acusados de irresponsabilidad y conflictos de intereses. Reputaciones ganadas con mucho esfuerzo se perdieron en un segundo.

Pero los críticos muchas veces no reconocen que la ciencia implica un escrutinio mayor -y más estricto- que, digamos, las empresas o el gobierno. En verdad, es el adalid de las buenas prácticas en relación a la validación de análisis y la discusión de propuestas de políticas. Con frecuencia se producen errores en la academia, pero se corrigen de manera más rápida y sistemática que en otros campos. La naturaleza colectiva de la validación científica siempre ofrece garantías contra la influencia de intereses especiales.

El problema, en efecto, puede ser más profundo de lo que sugieren las quejas comunes contra los expertos. Hace unas décadas, en general se suponía que el progreso de la educación masiva gradualmente achicaría la brecha entre el conocimiento científico y la creencia popular, contribuyendo así a una democracia más serena y más racional.

La evidencia es que esto no sucedió. Como demostró convincentemente el sociólogo francés Gerald Bronner, la educación ni aumenta la confianza en la ciencia ni reduce la atracción de las creencias o las teorías que los científicos consideran una absoluta tontería. Por el contrario, a los ciudadanos más educados les suele molestar que los expertos les digan qué es lo que la ciencia considera como una verdad. Habiendo tenido acceso al conocimiento, se sienten con la suficiente autoridad como para criticar a los expertos y desarrollar opiniones propias.

El cambio climático -que la comunidad científica considera de manera casi unánime una amenaza importante- es un buen ejemplo. Según una encuesta de Pew Research de 2015, los tres países donde la preocupación es menor son Estados Unidos, Australia y Canadá, mientras que los tres países donde es más fuerte son Brasil, Perú y Burkina-Faso. Sin embargo, el promedio de años de escolaridad es de 12,5 años para el primer grupo y de seis para el segundo. Evidentemente, la educación en sí misma no es la razón para esta diferencia de percepción.

Si el problema ha venido para quedarse, mejor que hagamos algo más para resolverlo. Primero, necesitamos más disciplina de parte de la comunidad de expertos. La disciplina intelectual que caracteriza a la investigación suele carecer de discusiones sobre políticas. Se necesitan humildad, procedimientos rigurosos, la prevención de conflictos de intereses, una capacidad para reconocer los errores y, sí, el castigo del comportamiento fraudulento para recuperar la confianza de los ciudadanos.   

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Segundo, es necesario revisar los programas de estudio a fin de equipar a los futuros ciudadanos con las herramientas intelectuales que precisarán para distinguir entre realidad y ficción. La sociedad tiene todo para ganar con ciudadanos cuya mentalidad sea menos sospechosa y más crítica.

Finalmente, necesitamos mejores escenarios para el diálogo y el debate informado. Las revistas, las publicaciones de interés general y los periódicos serios tradicionalmente ocuparon el espacio entre el éter de las publicaciones revisadas por pares y el mar profundo de los engaños; sin embargo, todos luchan por sobrevivir a la revolución digital. Se necesita que otros escenarios, quizás instituciones nuevas, ocupen ese espacio. Lo que resulta claro es que la democracia no puede prosperar si se la deja vacía.