Hace unos meses, Evo Morales se convirtió en el primer jefe de estado indígena democráticamente electo de Bolivia. Los grupos indígenas constituyen el 62% de la población de Bolivia, y los mestizos forman otro 30%, pero durante 500 años los bolivianos han sido gobernados por potencias coloniales y sus descendientes. Hasta bien entrado el siglo veinte, los grupos indígenas estaban privados de voz y voto. Sus idiomas, el aymará y el quechua, ni siquiera eran reconocidos como instrumentos válidos para el ámbito de los asuntos públicos. De modo que la elección de Morales hizo historia, y el entusiasmo en Bolivia es palpable.
Sin embargo, la nacionalización emprendida por Morales de los yacimientos de petróleo y gas causó conmoción en la comunidad internacional. Durante su campaña, Morales manifestó claramente su intención de aumentar el control estatal del petróleo y el gas nacionales. Sin embargo, había dejado igual de claro que no tenía intenciones de expropiar las propiedades de las empresas de energía y que deseaba que la inversión extranjera permaneciera en el país. (Por supuesto, nacionalizar no significa necesariamente expropiar sin una compensación adecuada.) Morales cumplió su palabra, lo cual tal vez sea sorprendente si se mira la generalidad de los políticos modernos. Con una genuina preocupación por elevar el ingreso de su pueblo, que es desesperadamente pobre, reconoció que Bolivia precisa de los conocimientos de los extranjeros para lograr crecer, y que eso implica pagar un precio justo por sus servicios. Sin embargo, ¿están los propietarios extranjeros recibiendo lo justo a cambio?
Las medidas de Morales tienen un amplio apoyo entre los bolivianos, que ven las así llamadas privatizaciones (o “capitalizaciones”) realizadas en el gobierno del ex Presidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada como un robo: ¡Bolivia recibía apenas un 18% de las ganancias! Los bolivianos se preguntan por qué unas inversiones que ascienden a cerca de $3 mil millones deberían dar derecho al control por parte de los inversionistas del 82% de las vastas reservas de gas del país, cuyo valor hoy se estima en $250 mil millones. Si bien aún no se divulga la información completa sobre las utilidades ni se audita el verdadero valor de las inversiones, parece que –considerando los términos originales- los inversionistas habrían recuperado todo su dinero en apenas cuatro años.
Hace unos meses, Evo Morales se convirtió en el primer jefe de estado indígena democráticamente electo de Bolivia. Los grupos indígenas constituyen el 62% de la población de Bolivia, y los mestizos forman otro 30%, pero durante 500 años los bolivianos han sido gobernados por potencias coloniales y sus descendientes. Hasta bien entrado el siglo veinte, los grupos indígenas estaban privados de voz y voto. Sus idiomas, el aymará y el quechua, ni siquiera eran reconocidos como instrumentos válidos para el ámbito de los asuntos públicos. De modo que la elección de Morales hizo historia, y el entusiasmo en Bolivia es palpable.
Sin embargo, la nacionalización emprendida por Morales de los yacimientos de petróleo y gas causó conmoción en la comunidad internacional. Durante su campaña, Morales manifestó claramente su intención de aumentar el control estatal del petróleo y el gas nacionales. Sin embargo, había dejado igual de claro que no tenía intenciones de expropiar las propiedades de las empresas de energía y que deseaba que la inversión extranjera permaneciera en el país. (Por supuesto, nacionalizar no significa necesariamente expropiar sin una compensación adecuada.) Morales cumplió su palabra, lo cual tal vez sea sorprendente si se mira la generalidad de los políticos modernos. Con una genuina preocupación por elevar el ingreso de su pueblo, que es desesperadamente pobre, reconoció que Bolivia precisa de los conocimientos de los extranjeros para lograr crecer, y que eso implica pagar un precio justo por sus servicios. Sin embargo, ¿están los propietarios extranjeros recibiendo lo justo a cambio?
Las medidas de Morales tienen un amplio apoyo entre los bolivianos, que ven las así llamadas privatizaciones (o “capitalizaciones”) realizadas en el gobierno del ex Presidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada como un robo: ¡Bolivia recibía apenas un 18% de las ganancias! Los bolivianos se preguntan por qué unas inversiones que ascienden a cerca de $3 mil millones deberían dar derecho al control por parte de los inversionistas del 82% de las vastas reservas de gas del país, cuyo valor hoy se estima en $250 mil millones. Si bien aún no se divulga la información completa sobre las utilidades ni se audita el verdadero valor de las inversiones, parece que –considerando los términos originales- los inversionistas habrían recuperado todo su dinero en apenas cuatro años.