MILÁN – A esta altura de la pandemia, la pregunta clave es si la producción de vacunas se puede aumentar lo suficientemente rápido como para permitir que la mayoría de las personas estén vacunadas relativamente pronto. Pero esta pregunta remite a otra: si es apropiado o no, y en qué circunstancias, suspender los derechos de propiedad intelectual acordados a nivel nacional e internacional. La cuestión se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio ahora que la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, ha salido sorpresivamente en respaldo de una exención por COVID-19, dejando en evidencia una fisura entre los gobiernos occidentales.
La mayoría concuerda en que, si un conjunto de condiciones justifica una exención, esta pandemia sin duda las cumple. Los millones de vidas amenazadas por el virus deberían generar una sensación compartida de humanidad. Y la vacunación es un bien público, porque la seguridad de cada uno en definitiva depende de la de los demás. En algunos casos, los gobiernos han coinvertido junto con empresas en el desarrollo de vacunas, fortaleciendo el argumento a favor de un licenciamiento obligatorio. Pero cualquier cosa que hagamos para ofrecerlo no debe producir consecuencias adversas o no intencionadas que pudieran afectar nuestras respuestas a crisis futuras de este tipo.
Necesitamos empezar por un interrogante básico: ¿la propuesta en discusión suspendería los derechos de PI o simplemente permitiría un licenciamiento obligatorio, según el cual la empresa retiene sus derechos de PI y el derecho de obtener un retorno? De las dos opciones, es preferible el licenciamiento obligatorio. Al admitir que el creador tiene derecho a un retorno, minimizaría el efecto adverso en incentivos futuros.
MILÁN – A esta altura de la pandemia, la pregunta clave es si la producción de vacunas se puede aumentar lo suficientemente rápido como para permitir que la mayoría de las personas estén vacunadas relativamente pronto. Pero esta pregunta remite a otra: si es apropiado o no, y en qué circunstancias, suspender los derechos de propiedad intelectual acordados a nivel nacional e internacional. La cuestión se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio ahora que la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, ha salido sorpresivamente en respaldo de una exención por COVID-19, dejando en evidencia una fisura entre los gobiernos occidentales.
La mayoría concuerda en que, si un conjunto de condiciones justifica una exención, esta pandemia sin duda las cumple. Los millones de vidas amenazadas por el virus deberían generar una sensación compartida de humanidad. Y la vacunación es un bien público, porque la seguridad de cada uno en definitiva depende de la de los demás. En algunos casos, los gobiernos han coinvertido junto con empresas en el desarrollo de vacunas, fortaleciendo el argumento a favor de un licenciamiento obligatorio. Pero cualquier cosa que hagamos para ofrecerlo no debe producir consecuencias adversas o no intencionadas que pudieran afectar nuestras respuestas a crisis futuras de este tipo.
Necesitamos empezar por un interrogante básico: ¿la propuesta en discusión suspendería los derechos de PI o simplemente permitiría un licenciamiento obligatorio, según el cual la empresa retiene sus derechos de PI y el derecho de obtener un retorno? De las dos opciones, es preferible el licenciamiento obligatorio. Al admitir que el creador tiene derecho a un retorno, minimizaría el efecto adverso en incentivos futuros.