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Los costes de tener un poder judicial parcializado en Estados Unidos

NUEVA YORK – En su periodo de funcionamiento más reciente, la Corte Suprema estadounidense dictaminó sentencias significativas y polémicas acerca de los derechos de aborto, posesión de armas de fuego, protección del medio ambiente, inmigración y separación entre iglesia y estado. Más allá de lo chocante de las decisiones, el tono agresivo de la mayoría y su abierta adopción de teorías ideológicas muy alejadas de lo común en el sistema judicial ha hecho sonar las alarmas.

Por diseño, la Constitución de EE.UU. hizo del poder judicial la rama de gobierno más independiente, dando a sus jueces -que son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado- un mandato de por vida. La idea era crear un sistema judicial en el que jueces imparciales atendieran casos en sus audiencias y tomaran decisiones finales basándose únicamente en los méritos de las causas.

Pero la Corte de Trump -llamada así porque los tres nombramientos del ex presidente consolidaron una mayoría de extrema derecha- está a mucha distancia de eso. Más que funcionar independientemente, hoy la Corte se allana a una minoría militante de estadounidenses y a poderosos intereses corporativos. Y, lejos de estar aislados de la política, los jueces ultraderechistas están liderando una tendencia más amplia en que jueces y cortes inciden cada vez más en asuntos de determinación de políticas y guerras culturales, además de ofrecer un segundo frente para proteger al poder corporativo.

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