4

La batalla contra los monopolistas de la salud en EE. UU.

BERKELEY – La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por su sigla en inglés), la reforma de salud distintiva del presidente Barack Obama en 2010, aumentó significativamente la necesidad del control eficaz para el cumplimiento de las leyes antimonopolio en los mercados de los seguros de salud. A pesar de las recientes buenas noticias en este frente, los consumidores aún llevan las de perder.

Como señaló el profesor de economía de Berkeley Aaron Edlin, la abstención de los consumidores es el competidor de última instancia. Las empresas no pueden vender ni idear soluciones para aquellos consumidores que simplemente se niegan a comprar. Pero la ACA exige a las personas que adquieran un seguro de salud, creando así una curva de demanda vertical para los posibles monopolistas. En estas condiciones, los beneficios —y el abuso a los consumidores— se pueden maximizar mediante la colusión.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

No sorprende entonces que en 2015 algunas de las mayores empresas privadas estadounidenses de seguros de salud —Anthem, Cigna, Aetna y Humana— hayan comenzado a explorar la posibilidad de fusionarse. Si logran reducir la cantidad de aseguradoras nacionales de cinco a tres, podrían aumentar su poder de mercado y exprimir más beneficios de los consumidores.

El sector usó los argumentos habituales para justificar esa consolidación, afirmando que en realidad beneficiaría a los consumidores gracias al aumento en la eficiencia de las operaciones de las aseguradoras de salud. Nada se mencionó sobre el hecho de que, según el Centro Estadounidense para el Progreso [Center for American Progress], la competencia entre Aetna y Humana tan sólo en el mercado de seguros de salud Medicare Advantage reduce la prima anual media que los consumidores pagan a cada una de esas empresas en 155 y 43 dólares, respectivamente.

En julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició acciones legales para bloquear una fusión entre Aetna y Humana cuando el acuerdo estuvo en vías de aprobación por los reguladores de Illinois, Iowa, Kentucky, Carolina del Norte y otros estados. De hecho, el Departamento de Seguros del gobernador de Ohio, John Kasich, aprobó la fusión en mayo y mantuvo su decisión en secreto durante más de un mes.

El simple partidismo ayuda a explicar por qué algunos estados desean impulsar estas fusiones. Los republicanos no están demasiado ansiosos por garantizar el funcionamiento adecuado de una importante reforma implementada por una administración demócrata. Convenientemente olvidan que las características centrales de la ACA —un mandato individual para contratar el seguro de salud y el establecimiento de los intercambios de seguros de salud— fueron concebidos por la conservadora Fundación Heritage e implementados inicialmente por Mitt Romney cuando era gobernador republicano de Massachusetts, a mediados de la década de 2000.

Otra explicación del impulso que están recibiendo las fusiones de las aseguradoras de salud es el cabildeo. Los representantes de los grupos de presión mantienen una afinidad social con los reguladores y los políticos, con quienes alguna vez trabajaron en el gobierno o el sector privado y a quienes todavía ven en el circuito de cócteles de Washington D. C. y las capitales estatales. Visitan repetidamente a sus objetivos con argumentos verosímiles, temas de conversación y sugerencias de que las contribuciones para la campaña o "súper-PAC" llegarán a los políticos cuyas políticas favorezcan a intereses organizados y discretos, incluso aunque resulten muy nocivos para los amorfos y desorganizados consumidores estadounidenses.

Entonces tenemos, de un lado, a las principales aseguradoras de salud, todas con operaciones nacionales de cabildeo bien financiadas, y, del otro, al menos durante los últimos nueve meses, al más joven de nosotros, Michael DeLong, como director de la Coalición para Proteger las Opciones de los Pacientes [Coalition to Protect Patient Choice (CPPC)], financiada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios [Service Employees International Union], para recabar hechos e información sobre la fusiones de las aseguradoras de salud para grupos de consumidores estatales y locales. Si los estados mantienen audiencias públicas para determinar si las fusiones de las aseguradoras de salud están justificadas y benefician al interés del público, estos grupos pueden presentar comentarios y posiblemente prestar declaración.

Los grupos de consumidores estatales y locales en todo el país han estado muy preocupados por la monopolización de las aseguradoras de salud, pero a menudo carecen de fondos suficientes y están mal equipados para evaluar las posibles consecuencias de esas fusiones y presentar argumentos tecnocráticos válidos contra ellas.

La CPPC también funciona con un presupuesto muy reducido y su lucha es cuesta arriba. Ha presentado comentarios sobre las fusiones de aseguradoras de salud en procesos judiciales en California, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Indiana, Misuri, Nueva York, Ohio, Virginia y Wisconsin; testificó en audiencias en California, Delaware, Florida, Misuri, Nueva York, Virginia y Wisconsin; y armó a los grupos de consumidores y sindicatos con estadísticas y hechos relevantes. A pesar de toda esta actividad, está en terrible desventaja en términos de su capacidad.

En uno de los peores artículos que jamás haya publicado el Washington Post, su columnista de opinión Robert Samuelson afirmó que las disputas entre los representantes de los grupos de presión en Estados unidos se dan en una situación de igualdad de oportunidades. "Si los ricos fueran todopoderosos, sus impuestos serían mucho menores", escribió. "Las clases pobre y media sí cuentan con defensores poderosos. Por nombrar tres de ellos: la AARP para los jubilados; la AFL-CIO para los trabajadores sindicalizados; y el Centro de Presupuesto y Políticas Prioritarias [Center on Budget and Policy Priorities (CBPP)] para los pobres”.

La AARP es ciertamente un defensor poderoso: las preocupaciones de sus miembros —o, al menos, la versión de esas preocupaciones que da la AARP— suelen ser consideradas por los niveles más altos de gobierno. Pero Samuelson trata anacrónicamente a la AFL-CIO como si fuera la potencia de la década de 1950; y su sugerencia de que el CBPP tiene el mismo grado de influencia legislativa que Anthem, Cigna, Aetna y Humana es risible para cualquier observador imparcial, a pesar de su admirable labor.

El CPPC estuvo a la altura de las circunstancias y brindó un valioso servicio, presentando ante los reguladores de los seguros de salud que estuvieran dispuestos a escuchar las anteriores violaciones e incumplimientos, pero aquellos de nosotros que deseamos priorizar a los consumidores frente a las corporaciones nos hubiéramos beneficiado con más recursos humanos e información sobre los antecedentes desde el principio. Si muchos grupos de consumidores estatales y locales carecen de al menos una persona a tiempo completo familiarizada con cuestiones antimonopolio, todavía nos falta mucho para ser una democracia que funcione adecuadamente.

Fake news or real views Learn More

Ahora que el Departamento de Justicia se ha involucrado, esperemos que esta historia tenga un final feliz y que los tribunales reconozcan que estas fusiones son anticompetitivas e inmensamente perjudiciales para los consumidores.

Traducción al español por Leopoldo Gurman.