GINEBRA – A fines de octubre, un grupo de trabajo intergubernamental se volverá a reunir para impulsar un tratado internacional que rija la responsabilidad de las compañías multinacionales por sostener los derechos humanos. El grupo de trabajo, creado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebra sesiones anuales a las que acuden fielmente muchos promotores de los DD.HH., ambientalistas y miembros de organizaciones de desarrollo social. Aunque varios países, principalmente del Sur Global más China, envían representantes a las reuniones, Estados Unidos, Australia y Japón las ignoran, mientras que la UE envía una delegación simbólica y no hace aportes sustanciales a las negociaciones. Eso debe cambiar.
El tratado sobre empresas comerciales y derechos humanos sería el primero de su tipo bajo el auspicio de las Naciones Unidas, y se ha estado elaborando durante una década. En 2011, el Consejo de derechos Humanos de la ONU aprobó un conjunto de Principios Rectores que declararon que las empresas “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”. Las asociaciones de empresas apoyaron estos principios y prometieron cumplirlos, en parte porque no era legalmente obligatorio hacerlo. Los principios no eran vinculantes y era imposible monitorear o hacer cumplir su adherencia a ellos. Se esperaba que los estados evitaran y castigaran los abusos contra los derechos humanos cometidos por las corporaciones como parte de sus deberes vigentes bajo las leyes internacionales.
Francia se convirtió en 2017 en el primer país en promulgar una ley que exige a las compañías multinacionales que operen el territorio francés que adopten una diligencia debida sobre los derechos humanos en todas sus operaciones globales. Este año, Alemania adoptó una ley similar que entrará en vigencia en 2023, y la Comisión Europea está preparando una directiva sobre el tema que cubrirá todo el bloque. Los borradores del tratado también contienen cláusulas sobre la diligencia debida corporativa, ahora con mecanismos públicos de monitoreo y puesta en cumplimiento. De aprobarse, esta responsabilidad se volvería una obligación mundial, elevando el listón para las empresas globales.
GINEBRA – A fines de octubre, un grupo de trabajo intergubernamental se volverá a reunir para impulsar un tratado internacional que rija la responsabilidad de las compañías multinacionales por sostener los derechos humanos. El grupo de trabajo, creado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebra sesiones anuales a las que acuden fielmente muchos promotores de los DD.HH., ambientalistas y miembros de organizaciones de desarrollo social. Aunque varios países, principalmente del Sur Global más China, envían representantes a las reuniones, Estados Unidos, Australia y Japón las ignoran, mientras que la UE envía una delegación simbólica y no hace aportes sustanciales a las negociaciones. Eso debe cambiar.
El tratado sobre empresas comerciales y derechos humanos sería el primero de su tipo bajo el auspicio de las Naciones Unidas, y se ha estado elaborando durante una década. En 2011, el Consejo de derechos Humanos de la ONU aprobó un conjunto de Principios Rectores que declararon que las empresas “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”. Las asociaciones de empresas apoyaron estos principios y prometieron cumplirlos, en parte porque no era legalmente obligatorio hacerlo. Los principios no eran vinculantes y era imposible monitorear o hacer cumplir su adherencia a ellos. Se esperaba que los estados evitaran y castigaran los abusos contra los derechos humanos cometidos por las corporaciones como parte de sus deberes vigentes bajo las leyes internacionales.
Francia se convirtió en 2017 en el primer país en promulgar una ley que exige a las compañías multinacionales que operen el territorio francés que adopten una diligencia debida sobre los derechos humanos en todas sus operaciones globales. Este año, Alemania adoptó una ley similar que entrará en vigencia en 2023, y la Comisión Europea está preparando una directiva sobre el tema que cubrirá todo el bloque. Los borradores del tratado también contienen cláusulas sobre la diligencia debida corporativa, ahora con mecanismos públicos de monitoreo y puesta en cumplimiento. De aprobarse, esta responsabilidad se volvería una obligación mundial, elevando el listón para las empresas globales.