TÚNEZ – Desde la revolución tunecina de 2010-2011, los reformistas han insistido cada vez más en la necesidad de “humanizar” el sistema de justicia penal tunecino y hacerlo más consistente con la nueva Constitución. Gracias a la presión de la sociedad civil, en los últimos años los sucesivos gobiernos han comenzado a adoptar importantes reformas, como una ley de 2016 de protección de los derechos elementales de los sospechosos durante la detención. Más aún, las autoridades están revisando los códigos de procedimientos y las leyes penales.
Sin embargo, el sistema judicial tunecino sigue siendo tremendamente represivo, tanto en las cláusulas de las leyes penales (ya sea las que se encuentran en el código penal mismo o dispersas en estatutos específicos) como en la manera en que estas se implementan. En consecuencia, los legisladores deberían tratar de permitir más flexibilidad y dar a los tribunales una mayor capacidad de discreción sobre las sentencias, e incluso la facultad de escoger alternativas a las penas de cárcel.
En el Túnez de hoy las leyes penales siguen prescribiendo sentencias mínimas obligatorias, excluyendo circunstancias atenuantes y limitando los poderes discrecionales de los jueces, con consecuencias notablemente negativas, como la sobrecarga judicial y graves problemas sociales.
TÚNEZ – Desde la revolución tunecina de 2010-2011, los reformistas han insistido cada vez más en la necesidad de “humanizar” el sistema de justicia penal tunecino y hacerlo más consistente con la nueva Constitución. Gracias a la presión de la sociedad civil, en los últimos años los sucesivos gobiernos han comenzado a adoptar importantes reformas, como una ley de 2016 de protección de los derechos elementales de los sospechosos durante la detención. Más aún, las autoridades están revisando los códigos de procedimientos y las leyes penales.
Sin embargo, el sistema judicial tunecino sigue siendo tremendamente represivo, tanto en las cláusulas de las leyes penales (ya sea las que se encuentran en el código penal mismo o dispersas en estatutos específicos) como en la manera en que estas se implementan. En consecuencia, los legisladores deberían tratar de permitir más flexibilidad y dar a los tribunales una mayor capacidad de discreción sobre las sentencias, e incluso la facultad de escoger alternativas a las penas de cárcel.
En el Túnez de hoy las leyes penales siguen prescribiendo sentencias mínimas obligatorias, excluyendo circunstancias atenuantes y limitando los poderes discrecionales de los jueces, con consecuencias notablemente negativas, como la sobrecarga judicial y graves problemas sociales.