CHICAGO – El juicio del ex presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos ha comenzado, pero ya se ha generado muchísima confusión en torno a cuestiones fundamentales. Los abogados de Trump sostienen que el Senado no está autorizado para llevar a cabo un juicio. La Constitución dice que “El presidente… será destituido de su cargo si es acusado en juicio político o condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”. Trump, según sus abogados, no puede ser destituido de un cargo que ya no ocupa.
Pero la Constitución también establece que “la condena en casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para obtener y desempeñar cualquier cargo de honor, de confianza o con retribución en Estados Unidos”. Los gestores del juicio político de la Cámara (que actúan como fiscales en el juicio del Senado) observan que la inhabilitación sólo se puede aplicar a un ex funcionario público.
La razón es que la destitución es automática luego de una condena por parte del Senado, mientras que la inhabilitación exigiría una nueva votación sobre el destino del ahora ex funcionario. Una persona que es sometida a un juicio político y destituida ya no ejerce un cargo y, sin embargo, el Senado estaría facultado para votar para que se la inhabilite.
CHICAGO – El juicio del ex presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos ha comenzado, pero ya se ha generado muchísima confusión en torno a cuestiones fundamentales. Los abogados de Trump sostienen que el Senado no está autorizado para llevar a cabo un juicio. La Constitución dice que “El presidente… será destituido de su cargo si es acusado en juicio político o condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”. Trump, según sus abogados, no puede ser destituido de un cargo que ya no ocupa.
Pero la Constitución también establece que “la condena en casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para obtener y desempeñar cualquier cargo de honor, de confianza o con retribución en Estados Unidos”. Los gestores del juicio político de la Cámara (que actúan como fiscales en el juicio del Senado) observan que la inhabilitación sólo se puede aplicar a un ex funcionario público.
La razón es que la destitución es automática luego de una condena por parte del Senado, mientras que la inhabilitación exigiría una nueva votación sobre el destino del ahora ex funcionario. Una persona que es sometida a un juicio político y destituida ya no ejerce un cargo y, sin embargo, el Senado estaría facultado para votar para que se la inhabilite.