WASHINGTON, DC – El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump promulgó una ley que le permite imponer sanciones a funcionarios chinos implicados en la detención masiva de más de un millón de uigures y miembros de otras minorías mayoritariamente musulmanas en la región de Xinjiang en el oeste de China. La nueva ley sobre política de derechos humanos para los uigures, conocida por la sigla en inglés UHRPA y aprobada con apoyo bipartidario, denuncia los maltratos a los que son sometidos y exige a las autoridades chinas el cierre inmediato de los centros de «educación vocacional» en la región, el respeto de los derechos humanos y libertad para que personas residentes en China restablezcan contacto con familiares, amigos y colegas fuera del país.
En teoría, una ejecución firme de la ley permitiría a Trump mostrar liderazgo internacional auténtico. Investigadores de muchos países han informado que además de las detenciones, a los uigures se los somete a torturas, trabajos forzados y esterilización. Y en una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional, dos organizaciones uigures han acusado a las autoridades chinas de cometer un genocidio físico y cultural.
Anne Applebaum comparó la indiferencia occidental a lo que sucede en Xinjiang con la obstinación de los gobiernos europeos y del Vaticano en no prestar atención a la hambruna orquestada por Iósif Stalin en Ucrania en 1932‑33 y a los campos de concentración nazis una década después. Podríamos añadir a la lista otros ejemplos más recientes. En este contexto, la voluntad estadounidense de condenar la conducta china e imponerle costos, aunque sólo sea mediante sanciones a individuos, es un paso en la dirección correcta.
WASHINGTON, DC – El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump promulgó una ley que le permite imponer sanciones a funcionarios chinos implicados en la detención masiva de más de un millón de uigures y miembros de otras minorías mayoritariamente musulmanas en la región de Xinjiang en el oeste de China. La nueva ley sobre política de derechos humanos para los uigures, conocida por la sigla en inglés UHRPA y aprobada con apoyo bipartidario, denuncia los maltratos a los que son sometidos y exige a las autoridades chinas el cierre inmediato de los centros de «educación vocacional» en la región, el respeto de los derechos humanos y libertad para que personas residentes en China restablezcan contacto con familiares, amigos y colegas fuera del país.
En teoría, una ejecución firme de la ley permitiría a Trump mostrar liderazgo internacional auténtico. Investigadores de muchos países han informado que además de las detenciones, a los uigures se los somete a torturas, trabajos forzados y esterilización. Y en una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional, dos organizaciones uigures han acusado a las autoridades chinas de cometer un genocidio físico y cultural.
Anne Applebaum comparó la indiferencia occidental a lo que sucede en Xinjiang con la obstinación de los gobiernos europeos y del Vaticano en no prestar atención a la hambruna orquestada por Iósif Stalin en Ucrania en 1932‑33 y a los campos de concentración nazis una década después. Podríamos añadir a la lista otros ejemplos más recientes. En este contexto, la voluntad estadounidense de condenar la conducta china e imponerle costos, aunque sólo sea mediante sanciones a individuos, es un paso en la dirección correcta.