Chinese worker loading aluminium tapes at an aluminium production plant in Huaibei STR/AFP/Getty Images

Los tambores de la guerra comercial

BEIJING – El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump disparó la primera andanada de medidas de lo que rápidamente se está convirtiendo en una guerra comercial con todas las letras. Si bien el comercio es hace tiempo motivo de fricciones en la relación sinoestadounidense, pocos esperaban semejante escalada, sobre todo porque los economistas en general consideran que las guerras comerciales perjudican a todas las partes. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Podemos revertirlo antes de que sea demasiado tarde?

Ante todo, Trump no parece entender cómo funciona el comercio internacional. Piensa que los 500 000 millones de dólares de déficit comercial de Estados Unidos con China implican una pérdida: el resultado de gobiernos estadounidenses “incompetentes” que permitieron a sus homólogos chinos aprovecharse de ellos. De hecho, según Trump, Estados Unidos ya perdió una “guerra comercial” con China hace años.

Pero la cuestión de la balanza comercial es mucho más compleja que como la interpreta Trump. Para empezar, gran parte de las exportaciones chinas incluyen componentes fabricados en otros países, de modo que su superávit comercial en realidad incluye también los de muchos otros.

Además, a pesar del gran superávit con Estados Unidos, China tiene déficits voluminosos con Japón y las economías del sudeste de Asia. El superávit comercial general de China como proporción del PIB viene reduciéndose en forma sostenida hace diez años (de casi 10% en 2007 a poco más de 1% en 2017); es decir que la cuenta externa del país está básicamente equilibrada.

Y a esto hay que agregarle el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, que no es necesariamente malo, ya que implica la adquisición de grandes cantidades de capital extranjero. Esto benefició a Estados Unidos con el correr de los años, al fortalecer su sistema financiero y su moneda. Si bien el déficit externo estadounidense podría reducirse, ya que refleja en parte la falta de ahorro interno, la política comercial por sí sola no bastará para lograr ese objetivo.

No quiere decir esto que Estados Unidos no tenga motivos de queja legítimos en relación con las prácticas comerciales de China. Pero hay que tratarlos como aspectos del cumplimiento chino de las normas de la Organización Mundial del Comercio.

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Como reconoció el ex director general de la OMC, Pascal Lamy, pese a que China implementó “realmente bien” su larga lista de compromisos con la OMC, “ningún país está exento de críticas”. En particular, Lamy señaló una posible falta de apertura en ciertos sectores de servicios y la necesidad de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Son críticas justas. De hecho, el gobierno de China esperaba lograr una apertura más rápida del sector de servicios financieros, pero la fragilidad de los mercados demandó una estrategia gradualista. Y aunque el país hizo avances en la protección de la propiedad intelectual, debería haberse tomado el asunto más en serio desde el primer momento.

En cuanto a Estados Unidos, la Oficina del Representante de Comercio (USTR por la sigla en inglés) viene observando muy de cerca el cumplimiento chino de las normas de la OMC desde el ingreso del país a la organización en 2001. Aunque el informe 2016 de la USTR sobre el tema reconoció la complejidad del panorama que presentaba la pertenencia de China a la OMC en aquel momento, el tono general del documento es positivo, y destaca la expansión de actividades de comercio e inversión mutuamente ventajosas.

Pero el informe 2017 (el primero de la presidencia de Trump) no menciona resultados positivos. En vez de eso, tras afirmar que Estados Unidos “se equivocó al apoyar el ingreso de China a la OMC según condiciones que resultaron ineficaces para garantizar su adopción de un régimen comercial abierto y promercado”, el informe se centra en expresar quejas por la política industrial china, algo que básicamente no está en el ámbito de la OMC.

En particular, el gobierno de Trump critica la estrategia Made in China 2025, introducida por el Consejo de Estado de China en 2015 con el objetivo de impulsar diez industrias estratégicas, entre ellas: informática avanzada, herramientas mecánicas automatizadas y robótica, aviación y equipos de navegación espacial, y vehículos eléctricos. El informe de la USTR advierte que el “objetivo final” de la estrategia es “capturar cuotas del mercado mundial mucho más grandes” en las industrias elegidas.

En realidad, la estrategia Made in China 2025 (que, dicho sea de paso, se inspira en parte en la inmensa inversión en investigación y desarrollo que hace el gobierno estadounidense) sólo busca aumentar la capacidad industrial de China al nivel promedio de las grandes potencias fabriles del mundo en 2035 (no 2025), una meta más bien modesta. Pero incluso si China quisiera ponerse metas más ambiciosas, ¿con qué derecho podría Estados Unidos (que ahora posee cuotas de mercado mucho mayores en aquellas industrias) tratar de impedírselo?

Según el informe de la USTR, el problema es que las herramientas políticas que usa el gobierno chino para lograr los objetivos de Made in China 2025 “son en gran medida inéditas, ya que otros miembros de la OMC no las usan”. Además, “incluyen una amplia variedad de medidas de intervención y apoyo estatal pensadas para promover el desarrollo de la industria china, en buena medida mediante acciones que suponen restricción, aprovechamiento, discriminación o algún otro tipo de desventaja para las empresas extranjeras y sus tecnologías, productos y servicios”.

Pero el informe no identifica ninguna de esas intervenciones; es lógico, ya que el Consejo de Estado todavía no explicitó qué medidas usará. Y si bien las quejas estadounidenses sobre la protección de la propiedad intelectual son comprensibles, se pueden tratar dentro de la OMC. La estrategia elegida por la administración Trump hace pensar que su objetivo no es sólo asegurar que China cumpla las reglas actuales, sino más bien evitar que alcance el nivel tecnológico de Estados Unidos, algo que, obviamente, para China es inaceptable.

A reforzar esta interpretación contribuye la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la administración Trump en diciembre pasado, donde se dice que Estados Unidos “responderá a la creciente competencia política, económica y militar que enfrenta en todo el mundo”. El documento menciona a China como principal retador del “poder, la influencia y los intereses de Estados Unidos” y como un adversario que “intenta erosionar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”. Esta interpretación aumenta el riesgo de caer en la denominada “trampa de Tucídides”: cuando el temor de una potencia establecida a un rival en ascenso lleva a un conflicto.

Todavía estamos a tiempo para evitar una guerra comercial. El presidente chino Xi Jinping parece muy interesado en aliviar tensiones, de lo que da ejemplo su reciente compromiso de reducir “considerablemente” los aranceles a las importaciones de autos estadounidenses y abrir más el sector de servicios financieros de China. Después, Trump declaró que las negociaciones comerciales con China iban “muy bien”.

Esperemos que la negociación y las concesiones mutuas acallen los tambores de la guerra. Así los gobiernos estadounidense y chino podrán concentrarse en el problema más amplio de evitar la trampa de Tucídides y así prevenir un choque cuyas consecuencias empequeñecerían a las de una guerra comercial.

Traducción: Esteban Flamini

http://prosyn.org/jeAsuPD/es;

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