NUEVA YORK – Joe Arpaio, ex sheriff del condado de Maricopa en Arizona, culpable de desacato por no cumplir la orden de un tribunal federal estadounidense de terminar con el perfilado racial y la detención arbitraria de hispanos con el pretexto de atrapar a inmigrantes ilegales, no es ajeno a la controversia. Pero lo que hoy se debate acaloradamente es el indulto que acaba de concederle el presidente Donald Trump, ya que plantea dudas fundamentales en relación con esta prerrogativa presidencial, un elemento de la política estadounidense desde la fundación del país.
En las monarquías ocurre a veces que los reyes tengan poder ilimitado de perdonar los delitos de los ciudadanos. En la constitución estadounidense (artículo II, sección 2), los padres fundadores otorgaron un poder similar al presidente, pero con dos importantes salvedades. Una deriva de la separación de poderes: no puede usarse en caso de juicio político, que es prerrogativa del Congreso. La otra deriva del federalismo: sólo puede usarse para delitos “contra los Estados Unidos” o delitos federales, no contra aquellos que son exclusivamente del ámbito de alguno de los cincuenta estados.
La concesión del poder de indulto refleja el temor de los redactores de la constitución estadounidense a una aplicación draconiana del código penal que diera lugar a excesos punitivos. Como expresó Alexander Hamilton en el número 74 de sus “ensayos federalistas”: “Los códigos penales de todos los países se hallan tan impregnados de una necesaria dureza, que si no se facilita la forma de hacer excepciones a favor de los delincuentes desgraciados, la justicia exhibiría una faz en extremo sanguinaria y cruel”.
NUEVA YORK – Joe Arpaio, ex sheriff del condado de Maricopa en Arizona, culpable de desacato por no cumplir la orden de un tribunal federal estadounidense de terminar con el perfilado racial y la detención arbitraria de hispanos con el pretexto de atrapar a inmigrantes ilegales, no es ajeno a la controversia. Pero lo que hoy se debate acaloradamente es el indulto que acaba de concederle el presidente Donald Trump, ya que plantea dudas fundamentales en relación con esta prerrogativa presidencial, un elemento de la política estadounidense desde la fundación del país.
En las monarquías ocurre a veces que los reyes tengan poder ilimitado de perdonar los delitos de los ciudadanos. En la constitución estadounidense (artículo II, sección 2), los padres fundadores otorgaron un poder similar al presidente, pero con dos importantes salvedades. Una deriva de la separación de poderes: no puede usarse en caso de juicio político, que es prerrogativa del Congreso. La otra deriva del federalismo: sólo puede usarse para delitos “contra los Estados Unidos” o delitos federales, no contra aquellos que son exclusivamente del ámbito de alguno de los cincuenta estados.
La concesión del poder de indulto refleja el temor de los redactores de la constitución estadounidense a una aplicación draconiana del código penal que diera lugar a excesos punitivos. Como expresó Alexander Hamilton en el número 74 de sus “ensayos federalistas”: “Los códigos penales de todos los países se hallan tan impregnados de una necesaria dureza, que si no se facilita la forma de hacer excepciones a favor de los delincuentes desgraciados, la justicia exhibiría una faz en extremo sanguinaria y cruel”.