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La grieta transatlántica de la regulación

LONDRES – El presidente norteamericano, Donald Trump, dejó muy en claro sus intenciones sobre la regulación financiera desde el inicio de su administración. Emitió una orden ejecutiva que exigía que, por cada nueva regulación impuesta, por lo menos se debía apuntar a rechazar dos. Ningún afán tan desregulador se evidencia en Europa.

La Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección del Consumidor, firmada por Trump en mayo de 2018, en la práctica ha enfatizado la segunda parte de su título por sobre la tercera. Según un conjunto de principios regulatorios emitidos por la administración, los reguladores deben considerar la competitividad de las empresas norteamericanas y defender los intereses estadounidenses en los foros financieros internacionales. El Tesoro recibió instrucciones de producir cuatro informes, que cubran los bancos, los mercados de capital, la gestión de activos y seguros y las instituciones no bancarias y empresas de tecnología financiera, para demostrar de qué manera se pueden cumplir los principios a través de una variedad de iniciativas desregulatorias. Los cuatro informes acaban de ser difundidos.

Durante un tiempo, esta actividad política parecía ser retórica, con pocos cambios significativos para el régimen que afecta a los grandes bancos. La primera prioridad consistía en aliviar a los prestadores más pequeños de algunas de las cargas de la presentación de informes y la regulación del capital –reglas que probablemente no estuvieran bien diseñadas para ellos.

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