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La guerra de la ONU contra la ciencia

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, declaró recientemente que hay desigualdad en el desarrollo de las actividades científicas en el mundo. Al resaltar que los países en desarrollo invierten mucho menos en investigación científica y generan menos investigadores, Annan advirtió que el desequilibrio resultante de la distribución geográfica de las actividades científicas crea problemas tanto para la comunidad científica de esos países como para el desarrollo mismo. Instó a los científicos y a las instituciones científicas de todo el mundo a resolver esas desigualdades y a llevar los beneficios de la ciencia a todos.

Qué humanitario. Qué ilustrado. Qué hipócrita.

Erdogan

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Se supone que la ONU es el guardián de los derechos humanos, de los cuales, el derecho a comer es el más básico. Cuando los derechos humanos se ven amenazados, se debe a menudo a que la gente es extremadamente pobre. Uno de los factores que contribuyen a esa pobreza es la incapacidad de la gente para alimentarse debidamente. La misión de la ONU debería de ser la autosuficiencia en la producción de alimentos para todos. En cambio, los intereses de las burocracias de la ONU de hecho impiden que los pobres mejoren sus vidas, e incluso que sobrevivan.

En efecto, el sacrificio gratuito que hace la ONU de la ciencia y la tecnología en aras de sus propios intereses burocráticos crea obstáculos importantes para las innovaciones que pueden ayudar a los más pobres entre los pobres. En particular, la intervención de la ONU en la regulación excesiva y poco científica de la biotecnología, o modificación genética (MG), retrasará la investigación agrícola, promoverá el daño ecológico y contribuirá a llevar hambre y escasez de agua a millones de personas en países en desarrollo.

El Secretario General Annan ha demostrado una vez más (como si se necesitaran evidencias adicionales) que es fácil hablar. Durante la última década, los delegados a la Convención sobre Diversidad Biológica, bajo los auspicios de la ONU, negociaron un "protocolo de bioseguridad" para regular el tránsito internacional de organismos modificados genéticamente. Se basaba en el falso "principio precautorio" que determina que se debe demostrar que toda nueva tecnología (incluyendo, en el caso de la MG, una mejora sobre tecnologías menos precisas) es totalmente segura antes de poderla utilizar.

Es cierto que más vale prevenir, pero dado que no se puede demostrar que algo sea totalmente seguro (al menos no a los niveles que exigen muchos de los reguladores), el principio precautorio se ha convertido en un impedimento para el desarrollo de nuevos productos. Las regulaciones precautorias hacen que ya no sea el regulador, quien antes tenía que demostrar que una nueva tecnología podía ser dañina, sino el innovador el que ahora tenga que probar que no lo es.

Este cambio es inquietante, porque le da a las autoridades reguladoras la libertad de exigir cualquier cantidad y tipo de pruebas que deseen. En lugar de crear un marco uniforme, predecible y científicamente sólido para manejar con eficiencia los riesgos reales, el protocolo de bioseguridad establece un proceso regulatorio global mal definido que le permite a reguladores excesivamente renuentes a los riesgos, incompetentes o corruptos escudarse tras el principio precautorio para retrasar o diferir las aprobaciones. Los ejemplos incluyen una moratoria de cinco años para aprobar plantas de MG en toda Europa y el rechazo de ayuda alimentaria urgente para varios países africanos (sólo porque contiene las mismas variedades genéticamente modificadas de granos que se consumen regularmente en América del Norte). Asimismo, un grupo de trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius, el programa conjunto de estándares alimentarios de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, ha señalado a los productos alimentarios con modificaciones genéticas como únicos sujetos de varios procedimientos y exigencias regulatorias draconianas e incluso extravagantes.

Los europeos quieren detener los productos genéticamente modificados porque la tecnología se desarrolló en laboratorios de los EU y la comercializan compañías estadounidenses financiadas con capital de ese país. Cuentan con la ayuda de organizaciones no gubernamentales (ONG's) ambientalistas radicales, a quienes se les permite participar en las reuniones del Codex, y que ideológicamente se oponen a las nuevas tecnologías.

En julio, el pleno del Codex aprobó varios procedimientos y exigencias que resultan más apropiadas para fármacos o pesticidas potencialmente peligrosos que para los tomates, las papas y las fresas modificadas genéticamente. Incluyen un seguimiento a largo plazo para determinar efectos adversos sobre la salud y baterías de pruebas sobre estabilidad genética, toxinas, potencial alergénico y así sucesivamente.

Ese régimen regulatorio le negará a los países menos desarrollados justo el tipo de tecnología que necesitan. Los estándares excesivamente onerosos del Codex para los alimentos genéticamente modificados son inquietantes no sólo por sus efectos directos sobre la investigación y el desarrollo, sino también porque los miembros de la OMC estarán, en principio, obligados a cumplirlos. Estos estándares servirán de pantalla para prácticas desleales de comercio.

En efecto, Jean Halloran, del grupo antibiotecnología Consumidores Internacional describió a los estándares del Codex como una defensa legal en contra de quejas en el seno de la OMC contra países que interfieren de manera arbitraria en el comercio de alimentos producto de la biotecnología. "Si existe un estándar en el Codex," señala, "un país no puede presentar una queja (por prácticas comerciales desleales) en contra de otro país que esté apegándose al estándar del Codex. Pero si no hay un estándar en el Codex, los países pueden quejarse por cualquier motivo".

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Desgraciadamente, Halloran tiene razón. Pero los estándares y la reglamentación poco científica que ella defiende en nombre del público global, de hecho dañan el ambiente y la salud pública al asfixiar el desarrollo de innovaciones que protegen el medio ambiente, que pueden incrementar la productividad agrícola, contribuir a limpiar desechos tóxicos, conservar el agua y sustituir el uso de químicos en la agricultura. Los propios expertos de la ONU advierten que la mayor amenaza al ambiente del planeta proviene del crecimiento de la población, que demanda que cada vez más tierras se dediquen a la producción de alimentos.

Científicos de todo el mundo están de acuerdo en que la MG es simplemente un refinamiento, o una mejora, de técnicas genéticas menos precisas y predecibles que se han venido utilizando durante siglos, pero este nuevo y refinado medio para desarrollar plantas con mayor rendimiento y características innovadoras se verá bloqueado por los frenos de la reglamentación innecesaria. Moralmente, eso no es distinto a permitir la construcción de una presa poco segura o a administrar, a sabiendas, vacunas contaminadas. Una cantidad innumerable de personas sufrirán y morirán innecesariamente como resultado de las restricciones arbitrarias y poco científicas que actualmente se imponen a nuestra capacidad para ayudarles a que se ayuden a sí mismas. Se debería hacer responsable a la ONU y a su Secretario General por esta catástrofe de los derechos humanos.