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El derecho a morir

El 21 de diciembre un médico italiano, Mario Riccio, desconectó el respirador que mantenía con vida a Piergiorgio Welby, quien sufría de distrofia muscular y estaba paralizado. Había batallado sin éxito ante la justicia italiana para que se aceptara su derecho a morir. Después de que Riccio le administrara un sedante y apagara el respirador, Welby dijo ampquot;graciasampquot; tres veces a su esposa, sus amigos y su doctor. Cuarenta y cinco minutos más tarde dejaba de existir.

La petición de Welby tuvo mucha publicidad en Italia, donde generó un acalorado debate. En el momento que escribo estas líneas, no está claro si se va a acusar a Riccio por algún delito. Por lo menos un político italiano ha pedido que se lo arreste por homicidio.

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La muerte de Welby plantea dos preguntas que es necesario distinguir. Una de ellas es si una persona tiene derecho a rechazar un tratamiento médico de soporte vital. La otra es si éticamente es posible defender la eutanasia voluntaria.

Para todo tratamiento médico debería ser requisito un consentimiento informado del paciente, siempre que éste sea un adulto competente en condiciones de tomar una decisión. Obligar a un adulto competente a recibir un tratamiento médico equivale a una agresión. Podemos pensar que el paciente está tomando una decisión equivocada, pero debemos respetar su derecho a tomarla. Este derecho se reconoce en la mayoría de los países, pero aparentemente no en Italia.

Hasta la Iglesia Católica Romana ha sostenido desde hace largo tiempo que no existe la obligación de utilizar medios ampquot;extraordinariosampquot; o ampquot;desproporcionadosampquot; para prolongar la vida, punto de vista reiterado en la ampquot;Declaración sobre la eutanasia” hecha pública por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Juan Pablo II en 1980. Este documento declara que rehusar un tratamiento médico gravoso ampquot;no es equivalente a un suicidioampquot;. Por el contrario, este rechazo “se debe considerar como una aceptación de la condición humana, o un deseo de evitar la aplicación de un procedimiento médico desproporcionado en relación con los resultados que es dable esperar, o un deseo de no imponer gastos excesivos a la familia o a la comunidad”.

Tal descripción se aplica bien al caso de Welby. Desde su punto de vista, Riccio estaba haciendo lo que cualquiera debería haber estado preparado a hacer por Welby, que sufría de parálisis y no era capaz de poner en la práctica su rechazo a un tratamiento médico gravoso.

Si el caso de Welby cae en el lado correcto de la línea trazada por la doctrina de la Iglesia Católica, la pregunta más de fondo es si ésta la ha trazado por un lugar que tenga sentido. Si un paciente con una enfermedad incurable puede rechazar un tratamiento gravoso a sabiendas que ello implicará su muerte, ¿por qué paciente con una enfermedad incurable cuya vida no está siendo mantenida por tratamiento médico alguno, pero que encuentra que la enfermedad misma hace que vivir sea una carga, tendría ser incapaz de buscar ayuda para deshacerse de esa carga?

Los defensores de la doctrina católica responderían que en el último caso el paciente quiere poner término a su vida, y que eso está mal, mientras que en el primer caso el paciente meramente desea evitar la carga adicional que el tratamiento le significaría. Por supuesto, la muerte es una consecuencia previsible de evitar esa carga, pero es una consecuencia que no se busca directamente. Si el paciente pudiera evitar esa carga y aún así seguir viviendo, eso sería lo que elegiría. Argumentarían que no se debería haber ayudado a Welby, ya que dijo expresamente que deseaba morir, no que quería evitar un tratamiento gravoso.

Esta distinción es cuestionable. En ambos casos el paciente elige conscientemente un curso de acción que le llevará a la muerte, en lugar de uno alternativo que le llevaría a una vida más larga pero difícil de vivir. Al poner el énfasis en la intención más limitada de rechazar un tratamiento gravoso, en lugar de las implicancias más generales de esa elección, la Iglesia Católica Romana puede evitar la implicancia inhumana de que los pacientes siempre deben aceptar un tratamiento que prolongue sus vidas, sin importar lo costoso o doloroso que pueda llegar a ser. Pero lo hace al coste de hacer incoherente su propia y vigorosa oposición al suicidio asistido y a la eutanasia voluntaria.

Muchos países reconocen el derecho legal a rehusarse a recibir tratamiento médico. Sin embargo, solamente en Holanda, Bélgica, Suiza y el estado estadounidense de Oregon se permite a los médicos ayudar a los pacientes a poner fin a sus vidas por medios distintos que retirar un tratamiento de soporte vital.

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Holanda, en particular, ha sido objeto de una implacable campaña de desprestigio. Los críticos plantean que la legalización de la eutanasia voluntaria ha producido una degradación de la profesión médica y todo tipo de otras graves consecuencias. Sin embargo, si estas acusaciones son ciertas, los holandeses no se han dado por enterados. A pesar de que ya ha habido un cambio de gobierno en Holanda desde que se legalizara la eutanasia voluntaria, no ha habido ninguna iniciativa para revertir esta medida. Simplemente, no hay apoyo público para algo así.

Los holandeses saben cómo se practica en su país la eutanasia voluntaria, y cómo la eutanasia legal he mejorado la atención médica en lugar de dañarla, y desean la posibilidad de recibir ayuda para morir, en caso de que lo deseen y necesiten. ¿No se trata de una opción que todos deberíamos tener?