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La purga de los presidentes de directorio del Kremlin

MOSCÚ – En los últimos años, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, avanzó contra algunos de los hombres más poderosos en el Kremlin, entre ellos Igor Sechin, un vice primer ministro que tal vez sea la figura más cercana del primer ministro, Vladimir Putin –y que también es el presidente de Rosneft, la firma petrolera más grande de Rusia-. Un decreto firmado por Medvedev con la intención manifiesta de mejorar el clima de inversiones del país despojará a Sechin y a otros de la presidencia de algunas de las mayores compañías estatales de Rusia. Pero la purga puede reflejar otros objetivos más importantes.

Medvedev ha reconocido en el pasado la necesidad de atraer inversiones rusas y extranjeras, y también que el clima de inversiones del país es sombrío. Pero esta vez, al diseñar medidas específicas a ser tomadas y establecer plazos para implementarlas, sus acciones verdaderamente coincidieron con su retórica. Y, dado que las medidas probablemente enfrenten una oposición dura por parte de poderosos grupos de interés, las reformas están destinadas a ser una prueba importante de la verdadera fuerza de Medvedev –y de sus planes de presentarse para otro mandato como presidente-. Hasta un éxito parcial permitiría que se construyera una campaña reelectoral de Medvedev alrededor de temas como la anticorrupción y la transparencia.

La corrupción y la responsabilidad gubernamental probablemente sean las únicas cuestiones más importantes para la base electoral de Medvedev entre la creciente clase media y los votantes de “protesta” de Rusia. El desempeño deficiente del gobernante partido Rusia Unida en las recientes elecciones regionales demuestra que el electorado está harto del status quo y está dispuesto a votar por una alternativa.

El éxito del principal activista anticorrupción Alexei Navalny es otro llamado de atención para Medvedev. Lo que es más importante, muchas de las medidas propuestas por el presidente son similares a las recomendadas por Navalny: remover a funcionarios del gobierno de las juntas de las empresas estatales; asegurar el acceso por parte de accionistas minoritarios a documentos corporativos; y desarrollar un mecanismo para responder a quienes revelan casos de corrupción.