WASHINGTON, DC – Ya es evidente que la crisis de la eurozona se prolongará hasta bien entrado 2012, a pesar de la recuperación de los mercados de valores de principios de febrero. Aunque las negociaciones entre Grecia y los bancos respecto de los títulos de deuda soberana griegos lleguen a término, todavía hay bastantes dudas respecto de si habrá una participación suficientemente amplia de los bancos en el acuerdo. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional planteó la cuestión de una reducción de la deuda con los organismos públicos (incluido tal vez el Banco Central Europeo), lo que envía el mensaje de que un “recorte” en las acreencias de los bonistas privados no bastará para que Grecia recupere la sostenibilidad financiera.
Las preocupaciones del FMI son válidas, pero la idea del Fondo se ha topado con una férrea resistencia que se origina en el temor al contagio político, ya que otros países de la eurozona que tienen problemas para pagar sus deudas podrían exigir el mismo tratamiento. Además, el prometido aumento de los recursos del FMI, que le permitiría construir una barrera más sólida contra el contagio financiero, todavía no ha llegado. Y de los cambios acordados para el Fondo Europeo de Estabilización (FEE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), todavía no ha sido implementado ninguno.
Esto no quiere decir que no se hayan tomado algunas medidas positivas. La generosa inyección de liquidez a los bancos europeos por parte del BCE, a un interés de apenas el 1% por hasta tres años, impidió que a la crisis de deuda soberana viniera a sumársele una crisis bancaria. Pero esta iniciativa no logró que los costos financieros a más largo plazo para los países en “problemas” se redujeran a niveles compatibles con las proyecciones de sus tasas de crecimiento: es que, sencillamente, la incertidumbre a largo plazo es mucha y las perspectivas de crecimiento son demasiado desalentadoras. De hecho, a mediados de enero Standard ampamp; Poor’s degradó la calificación AAA con que contaban Francia y Austria, junto con las de otros siete países de la eurozona: Eslovenia, Eslovaquia, España, Malta, Italia, Chipre y Portugal.
WASHINGTON, DC – Ya es evidente que la crisis de la eurozona se prolongará hasta bien entrado 2012, a pesar de la recuperación de los mercados de valores de principios de febrero. Aunque las negociaciones entre Grecia y los bancos respecto de los títulos de deuda soberana griegos lleguen a término, todavía hay bastantes dudas respecto de si habrá una participación suficientemente amplia de los bancos en el acuerdo. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional planteó la cuestión de una reducción de la deuda con los organismos públicos (incluido tal vez el Banco Central Europeo), lo que envía el mensaje de que un “recorte” en las acreencias de los bonistas privados no bastará para que Grecia recupere la sostenibilidad financiera.
Las preocupaciones del FMI son válidas, pero la idea del Fondo se ha topado con una férrea resistencia que se origina en el temor al contagio político, ya que otros países de la eurozona que tienen problemas para pagar sus deudas podrían exigir el mismo tratamiento. Además, el prometido aumento de los recursos del FMI, que le permitiría construir una barrera más sólida contra el contagio financiero, todavía no ha llegado. Y de los cambios acordados para el Fondo Europeo de Estabilización (FEE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), todavía no ha sido implementado ninguno.
Esto no quiere decir que no se hayan tomado algunas medidas positivas. La generosa inyección de liquidez a los bancos europeos por parte del BCE, a un interés de apenas el 1% por hasta tres años, impidió que a la crisis de deuda soberana viniera a sumársele una crisis bancaria. Pero esta iniciativa no logró que los costos financieros a más largo plazo para los países en “problemas” se redujeran a niveles compatibles con las proyecciones de sus tasas de crecimiento: es que, sencillamente, la incertidumbre a largo plazo es mucha y las perspectivas de crecimiento son demasiado desalentadoras. De hecho, a mediados de enero Standard ampamp; Poor’s degradó la calificación AAA con que contaban Francia y Austria, junto con las de otros siete países de la eurozona: Eslovenia, Eslovaquia, España, Malta, Italia, Chipre y Portugal.