MADRID – Mientras la población egipcia aguardaba con tensión los resultados de las elecciones presidenciales en su país, un hilo de pesimismo recorría el discurso de los jóvenes y de los grupos seculares liberales que lograron derrocar el régimen de Hosni Mubarak en enero de 2011. La sensación de que “todo es posible” nacida de la rebelión en la Plaza Tahrir se desvanecía por momentos mientras dos candidatos a los cuales los manifestantes se oponían profundamente, Mohamed Morsi, el representante de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, persona clave de la Vieja Guardia (y de la actual Junta Militar), se preparaban para concurrir en la segunda vuelta.
Se rompía así un triángulo que integraba a tres fuerzas fundamentales de la sociedad egipcia desde el comienzo de la primavera árabe: los militares, la mezquita y las masas de la plaza Tahrir; cada uno de ellos con distintos tipos de poder e intereses. Aquellos que llenaron la plaza Tahrir hace 16 meses eran silenciados y se cuestionaba la esperada transferencia de poderes de un gobierno militar a un gobierno democrático civil.
Desde que asumiera el poder el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) tras el derrocamiento de Mubarak, con el mariscal Mohamed Hussein Tantawi –ministro de defensa de Mubarak durante dos décadas— como líder, sus acciones han socavado constantemente el delicado proceso hacia una transición democrática. La semana previa a las elecciones presidenciales, una sentencia del Tribunal Constitucional, aliado del SCAF, disolvió el Parlamento recientemente elegido, alegando ilegalidad en las elecciones que habían conformado tal composición. Y augurando la victoria de Morsi, el SCAF asumió todos los poderes legislativos, limitó severamente los poderes presidenciales, se adjudicó la facultad de designar el Comité que redactaría la nueva Constitución, tomó el control sobre los presupuestos del país y anunció que se encargaría de la seguridad doméstica y exterior del país.
MADRID – Mientras la población egipcia aguardaba con tensión los resultados de las elecciones presidenciales en su país, un hilo de pesimismo recorría el discurso de los jóvenes y de los grupos seculares liberales que lograron derrocar el régimen de Hosni Mubarak en enero de 2011. La sensación de que “todo es posible” nacida de la rebelión en la Plaza Tahrir se desvanecía por momentos mientras dos candidatos a los cuales los manifestantes se oponían profundamente, Mohamed Morsi, el representante de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, persona clave de la Vieja Guardia (y de la actual Junta Militar), se preparaban para concurrir en la segunda vuelta.
Se rompía así un triángulo que integraba a tres fuerzas fundamentales de la sociedad egipcia desde el comienzo de la primavera árabe: los militares, la mezquita y las masas de la plaza Tahrir; cada uno de ellos con distintos tipos de poder e intereses. Aquellos que llenaron la plaza Tahrir hace 16 meses eran silenciados y se cuestionaba la esperada transferencia de poderes de un gobierno militar a un gobierno democrático civil.
Desde que asumiera el poder el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) tras el derrocamiento de Mubarak, con el mariscal Mohamed Hussein Tantawi –ministro de defensa de Mubarak durante dos décadas— como líder, sus acciones han socavado constantemente el delicado proceso hacia una transición democrática. La semana previa a las elecciones presidenciales, una sentencia del Tribunal Constitucional, aliado del SCAF, disolvió el Parlamento recientemente elegido, alegando ilegalidad en las elecciones que habían conformado tal composición. Y augurando la victoria de Morsi, el SCAF asumió todos los poderes legislativos, limitó severamente los poderes presidenciales, se adjudicó la facultad de designar el Comité que redactaría la nueva Constitución, tomó el control sobre los presupuestos del país y anunció que se encargaría de la seguridad doméstica y exterior del país.