El principio del fin para Guantánamo

La "guerra contra el terror" ha obligado a las democracias a intentar plantearse hasta qué punto pueden permitirse proteger los derechos civiles y las libertades de sus ciudadanos y de los extranjeros. El debate más intenso ha sido el habido en los Estados Unidos, donde se oye una y otra vez el estribillo de que la Constitución no es un "pacto suicida" y la seguridad nacional puede justificar la adopción de medidas extraordinarias. Algunas medidas –registros no autorizados de los datos bancarios y grabaciones de las llamadas telefónicas—comprometen la libertad de todos. Otras –la más objetable: el confinamiento de unos 450 presuntos luchadores musulmanes en la bahía de Guantánamo—afectan a personas consideradas enemigas.

En vista de las alegaciones de abuso en aumento, el gobierno del Presidente George W. Bush comprendió hace un tiempo que no podía mantener para siempre su campamento de detención de Guantánamo, pero no quería repetir la experiencia del juicio a Zacharias Moussaoui, en el que, después de muchos llamamientos propagandísticos desde el banquillo, el presunto secuestrador aéreo del 11 de septiembre de 2001 fue declarado culpable por fin y condenado a cadena perpetua. De modo que el gobierno de Bush propuso una vía intermedia: una comisión militar con jueces militares, que reconocería menos derechos al acusado y excluiría las apelaciones a los tribunales civiles.

En su reciente decisión sobre la causa de Hamdan contra Rumsfeld , el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo "no": el ejercicio del poder ejecutivo por parte de Bush había ido demasiado lejos. A consecuencia de ello, esa resolución tendrá repercusiones duraderas en la estructura constitucional del país.

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