CIUDAD DE MÉXICO – En las últimas décadas, los programas de asistencia social en todo el mundo se han fortalecido hasta el punto de que en la actualidad benefician a más de 2,5 mil millones de personas; estos programas, por regla general, protegen a las personas más pobres y vulnerables. Sin embargo, la creciente presión para aplicar tecnología biométrica para verificar las identidades de los beneficiarios e integrar sistemas de información que van desde registros civiles hasta bases de datos de cumplimiento de la ley, significa que los programas sociales podrían crear nuevos riesgos para quienes dependen de ellos.
Las empresas privadas, las agencias donantes y el Banco Mundial sostienen que la aplicación de herramientas biométricas, como por ejemplo el escaneo de iris y huellas dactilares o el reconocimiento facial y de voz, junto con la integración de bases de datos, acrecentará la eficiencia, combatirá el fraude y reducirá los costos. Y, muchos gobiernos parecen estar convencidos de lo antedicho.
Si bien no hay información sistemática disponible sobre el uso de la tecnología biométrica en los esquemas de asistencia social, una mirada a ciertos programas emblemáticos sugiere que dicho uso ya está en aumento. En Sudáfrica, 17,2 millones de beneficiarios de subvenciones sociales reciben tarjetas inteligentes biométricas. En México, los 55,6 millones de beneficiarios del Seguro Popular (seguro de salud pública para los ciudadanos más pobres) deben proporcionar sus datos biométricos a las autoridades.
CIUDAD DE MÉXICO – En las últimas décadas, los programas de asistencia social en todo el mundo se han fortalecido hasta el punto de que en la actualidad benefician a más de 2,5 mil millones de personas; estos programas, por regla general, protegen a las personas más pobres y vulnerables. Sin embargo, la creciente presión para aplicar tecnología biométrica para verificar las identidades de los beneficiarios e integrar sistemas de información que van desde registros civiles hasta bases de datos de cumplimiento de la ley, significa que los programas sociales podrían crear nuevos riesgos para quienes dependen de ellos.
Las empresas privadas, las agencias donantes y el Banco Mundial sostienen que la aplicación de herramientas biométricas, como por ejemplo el escaneo de iris y huellas dactilares o el reconocimiento facial y de voz, junto con la integración de bases de datos, acrecentará la eficiencia, combatirá el fraude y reducirá los costos. Y, muchos gobiernos parecen estar convencidos de lo antedicho.
Si bien no hay información sistemática disponible sobre el uso de la tecnología biométrica en los esquemas de asistencia social, una mirada a ciertos programas emblemáticos sugiere que dicho uso ya está en aumento. En Sudáfrica, 17,2 millones de beneficiarios de subvenciones sociales reciben tarjetas inteligentes biométricas. En México, los 55,6 millones de beneficiarios del Seguro Popular (seguro de salud pública para los ciudadanos más pobres) deben proporcionar sus datos biométricos a las autoridades.