ROSEAU, DOMINICA – Para la mayoría de la gente, la idea de perder todo de repente -su casa, sus posesiones y hasta parientes y amigos- es impensable. Pero, para las comunidades insulares en todo el mundo, esta idea es demasiado real. Y en tanto se intensifican los efectos del cambio climático -entre ellos los desastres naturales más frecuentes y severos y los eventos climáticos extremos-, la amenaza se está tornando cada vez más aguda.
Hace siete años, mi hogar, el pequeño país insular de Dominica, fue azotado por el Huracán María -un huracán de Categoría 5, que causó pérdidas y daños catastróficos de los cuales todavía nos estamos recuperando-. Otros dos países insulares, San Vicente y las Granadinas y Granada, fueron víctimas de una tragedia similar el verano pasado, cuando el Huracán Beryl, una tormenta de Categoría 4, arrasó el Mar Caribe y el Golfo de México.
Los huracanes vienen siendo una característica de la vida en el Caribe desde hace mucho tiempo. Pero María y Beryl no fueron huracanes comunes: María causó precipitaciones que batieron récords, y Beryl fue el primer huracán en la historia en alcanzar la Categoría 5 en el Océano Atlántico. Los científicos coinciden en que el cambio climático alimentó estos desastres -y ha hecho que más tormentas como estas se vuelvan mucho más factibles.
Vale la pena repetir que los países que son más vulnerables al cambio climático -especialmente los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS por su sigla en inglés), como Dominica, San Vicente y las Granadinas y Granada- muchas veces son los que menos incidencia han tenido. Como resultado de ello, tenemos poco poder para mitigar el cambio climático directamente, por ejemplo reduciendo nuestras propias emisiones (que ya son bajas). Pero sí podemos contribuir a superar el desafío. La clave es trabajar mancomunadamente para obligar a los grandes contaminadores a cambiar su comportamiento.
Hay pocos contaminadores más grandes que la industria naviera. El transporte marítimo no solo es responsable de alrededor del 3% del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI); también contamina nuestros océanos con aguas residuales, plásticos, petróleo y productos químicos. El transporte marítimo, en consecuencia, causa serios perjuicios para la salud humana, especialmente para las comunidades portuarias de bajos ingresos en los países en desarrollo. Se estima que los contaminantes de los barcos causan más de 250.000 muertes prematuras al año.
Sin duda, una industria naviera que funcione bien sigue siendo esencial tanto para la economía global como para la vida en los SIDS. Los barcos trasladan alrededor del 80% de todos los productos comercializados a nivel mundial. En el caso de Dominica, esto incluye prácticamente todos los productos vitales, desde alimentos y herramientas hasta suministros médicos. El transporte marítimo también facilita el turismo que es el sustento de muchas personas en nuestra isla.
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Pero si bien el transporte marítimo es esencial, también lo es reducir la contaminación asociada a él. Es por eso que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar -el mayor tribunal para la protección marina del mundo- emitió una opinión consultativa sin precedentes en mayo, diciendo que los países están legalmente obligados a recortar las emisiones, inclusive del transporte marítimo, para proteger el océano.
Ponerles precio a las emisiones de GEI de la industria sería un gran avance para lograr ese objetivo. Exigir que las empresas navieras paguen por cada tonelada de emisiones de sus barcos aumentaría el costo de utilizar combustibles fósiles, acelerando así el cambio hacia fuentes de energía limpia.
Según un estudio reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un impuesto de estas características perjudicaría menos a la economía global que otras estrategias para descarbonizar el transporte, como una norma de combustibles limpios. Y si los ingresos generados se dirigen hacia las economías en desarrollo, el sobrecargo podría reducir la desigualdad global. Esos ingresos serían sustanciales: según el Banco Mundial, un impuesto de 150 dólares por tonelada generaría 60.000-80.000 millones de dólares por año.
Para países como Dominica, una política de este tipo sería un punto de inflexión. Reduciría la contaminación de los barcos que vienen a nuestras costas, haría que nuestros puertos y cadenas de suministro fueran más resilientes a los niveles crecientes del mar y a eventos de clima extremo, favorecería una transición energética justa y respaldaría el progreso en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una oportunidad ideal para acelerar el progreso hacia este objetivo está por ocurrir en Londres. Entre el 23 de septiembre y el 24 de octubre, la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas (OMI) y sus 175 estados miembro intentarán llegar a un acuerdo sobre un conjunto de políticas destinadas a reducir las emisiones del transporte marítimo, inclusive alguna forma de tarificación de las emisiones, a adoptarse en abril de 2025.
En las negociaciones, los SIDS deben mantenerse unidos para garantizar que el impuesto sea lo suficientemente alto y que los ingresos se distribuyan equitativamente. Una mayoría creciente de países quieren que la OMI adopte un mecanismo impositivo, pero otros, entre ellos Brasil y China, siguen resistiéndose a esta oportunidad.
Belice y los estados insulares del Pacífico están exigiendo un precio de 150 dólares por tonelada y que los ingresos vayan esencialmente a los SIDS y a los países menos desarrollados para financiar la inversión en energía de cero emisiones, infraestructura de barcos y marítima y objetivos climáticos y de resiliencia más amplios. Más países, en el Caribe y otras partes, deben sumarse a ellos. Cuando hablemos al unísono, nuestras voces importarán.
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While even the world’s poorest economies have become richer in recent decades, they have continued to lag far behind their higher-income counterparts – and the gap is not getting any smaller. According to this year’s Nobel Prize-winning economists, institutions are a key reason why. From Ukraine’s reconstruction to the regulation of artificial intelligence, the implications are as consequential as they are far-reaching.
ROSEAU, DOMINICA – Para la mayoría de la gente, la idea de perder todo de repente -su casa, sus posesiones y hasta parientes y amigos- es impensable. Pero, para las comunidades insulares en todo el mundo, esta idea es demasiado real. Y en tanto se intensifican los efectos del cambio climático -entre ellos los desastres naturales más frecuentes y severos y los eventos climáticos extremos-, la amenaza se está tornando cada vez más aguda.
Hace siete años, mi hogar, el pequeño país insular de Dominica, fue azotado por el Huracán María -un huracán de Categoría 5, que causó pérdidas y daños catastróficos de los cuales todavía nos estamos recuperando-. Otros dos países insulares, San Vicente y las Granadinas y Granada, fueron víctimas de una tragedia similar el verano pasado, cuando el Huracán Beryl, una tormenta de Categoría 4, arrasó el Mar Caribe y el Golfo de México.
Los huracanes vienen siendo una característica de la vida en el Caribe desde hace mucho tiempo. Pero María y Beryl no fueron huracanes comunes: María causó precipitaciones que batieron récords, y Beryl fue el primer huracán en la historia en alcanzar la Categoría 5 en el Océano Atlántico. Los científicos coinciden en que el cambio climático alimentó estos desastres -y ha hecho que más tormentas como estas se vuelvan mucho más factibles.
Vale la pena repetir que los países que son más vulnerables al cambio climático -especialmente los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS por su sigla en inglés), como Dominica, San Vicente y las Granadinas y Granada- muchas veces son los que menos incidencia han tenido. Como resultado de ello, tenemos poco poder para mitigar el cambio climático directamente, por ejemplo reduciendo nuestras propias emisiones (que ya son bajas). Pero sí podemos contribuir a superar el desafío. La clave es trabajar mancomunadamente para obligar a los grandes contaminadores a cambiar su comportamiento.
Hay pocos contaminadores más grandes que la industria naviera. El transporte marítimo no solo es responsable de alrededor del 3% del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI); también contamina nuestros océanos con aguas residuales, plásticos, petróleo y productos químicos. El transporte marítimo, en consecuencia, causa serios perjuicios para la salud humana, especialmente para las comunidades portuarias de bajos ingresos en los países en desarrollo. Se estima que los contaminantes de los barcos causan más de 250.000 muertes prematuras al año.
Sin duda, una industria naviera que funcione bien sigue siendo esencial tanto para la economía global como para la vida en los SIDS. Los barcos trasladan alrededor del 80% de todos los productos comercializados a nivel mundial. En el caso de Dominica, esto incluye prácticamente todos los productos vitales, desde alimentos y herramientas hasta suministros médicos. El transporte marítimo también facilita el turismo que es el sustento de muchas personas en nuestra isla.
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Pero si bien el transporte marítimo es esencial, también lo es reducir la contaminación asociada a él. Es por eso que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar -el mayor tribunal para la protección marina del mundo- emitió una opinión consultativa sin precedentes en mayo, diciendo que los países están legalmente obligados a recortar las emisiones, inclusive del transporte marítimo, para proteger el océano.
Ponerles precio a las emisiones de GEI de la industria sería un gran avance para lograr ese objetivo. Exigir que las empresas navieras paguen por cada tonelada de emisiones de sus barcos aumentaría el costo de utilizar combustibles fósiles, acelerando así el cambio hacia fuentes de energía limpia.
Según un estudio reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un impuesto de estas características perjudicaría menos a la economía global que otras estrategias para descarbonizar el transporte, como una norma de combustibles limpios. Y si los ingresos generados se dirigen hacia las economías en desarrollo, el sobrecargo podría reducir la desigualdad global. Esos ingresos serían sustanciales: según el Banco Mundial, un impuesto de 150 dólares por tonelada generaría 60.000-80.000 millones de dólares por año.
Para países como Dominica, una política de este tipo sería un punto de inflexión. Reduciría la contaminación de los barcos que vienen a nuestras costas, haría que nuestros puertos y cadenas de suministro fueran más resilientes a los niveles crecientes del mar y a eventos de clima extremo, favorecería una transición energética justa y respaldaría el progreso en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una oportunidad ideal para acelerar el progreso hacia este objetivo está por ocurrir en Londres. Entre el 23 de septiembre y el 24 de octubre, la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas (OMI) y sus 175 estados miembro intentarán llegar a un acuerdo sobre un conjunto de políticas destinadas a reducir las emisiones del transporte marítimo, inclusive alguna forma de tarificación de las emisiones, a adoptarse en abril de 2025.
En las negociaciones, los SIDS deben mantenerse unidos para garantizar que el impuesto sea lo suficientemente alto y que los ingresos se distribuyan equitativamente. Una mayoría creciente de países quieren que la OMI adopte un mecanismo impositivo, pero otros, entre ellos Brasil y China, siguen resistiéndose a esta oportunidad.
Belice y los estados insulares del Pacífico están exigiendo un precio de 150 dólares por tonelada y que los ingresos vayan esencialmente a los SIDS y a los países menos desarrollados para financiar la inversión en energía de cero emisiones, infraestructura de barcos y marítima y objetivos climáticos y de resiliencia más amplios. Más países, en el Caribe y otras partes, deben sumarse a ellos. Cuando hablemos al unísono, nuestras voces importarán.