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Salvar la libre circulación de personas en Europa

MUNICH – Según una encuesta de opinión de YouGov, realizada el día del referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la migración era el problema más importante para los partidarios del “Brexit”, seguida de una preferencia general por la independencia misma. Pero quienes piensen que esos votantes son xenófobos no entienden la naturaleza del problema. Gracias a la Commonwealth, el Reino Unido es uno de los países de mentalidad más abierta del mundo. Es absurdo acusar de xenófobos a los británicos.

En realidad, el resultado del referendo refleja una crítica legítima al diseño de la UE, que se basa en gran medida en fronteras abiertas al mundo y una combinación de libertad de movimiento y el llamado principio de inclusión a nivel interno. La UE debería ver este voto británico de no confianza como una oportunidad para cambiar de modo fundamental sus normas migratorias internas.

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El ex Primer Ministro británico David Cameron estaba en lo correcto al pedir más concesiones para la restricción de la libre circulación de ciudadanos de la UE. Por su propio interés, la UE debería implementar medidas: un proceso más prolongado para la integración de los trabajadores migrantes de la UE a los sistemas de protección social de los países de destino. Si la UE no elimina el actual poder de atracción de estos beneficios, se desintegrará, porque la migración es el problema más importante para gran parte de sus ciudadanos. Los partidos políticos que niegan esta realidad enfrentarán duras consecuencias.

El problema fundamental es un “trilema” muy difícil de abordar. Es imposible cumplir en su totalidad los siguientes objetivos de la UE: la libre circulación de las personas, el estado de bienestar y la inclusión de los migrantes en los sistemas de protección social de los países de destino.

En la actualidad, si un ciudadano de la UE se muda a otro país de la unión se integra muy rápidamente a su sistema de protección social. Quienes sean incapaces de trabajar tienen derechos completos a beneficios sociales financiados por el fisco tras cinco años como mucho. El acceso antes de ese plazo depende de las leyes nacionales, y en algunos casos de la jurisdicción.

En Alemania, de acuerdo a una decisión del Tribunal Social Federal Germano, los ciudadanos de la UE que busquen empleo pero no lo encuentren tienen derecho de inmediato a los beneficios Hartz IV (desempleo y protección social), seguro médico gratuito y pagos de alquiler de viviendas clasificadas como adecuadas, así como a beneficios para todos sus niños, incluso si siguen viviendo en sus países de origen al cuidado de sus abuelos. Los autónomos tienen derecho de inmediato a beneficios Hartz IV complementarios, subsidio de vivienda y beneficios por niños (que, para una familia con cinco niños ascienden a €1.018 o $1,335 al mes, suma muy superior al salario neto de un trabajador en Bulgaria o Rumanía).

Si no se modifican, las reglas de acceso a los sistemas nacionales de protección social socavarán los estados de bienestar de la UE, porque los países más generosos cargarán cada vez más con la mitigación de la pobreza. Es posible que los estados de bienestar de los países más desarrollados a los que acudan los pobres acaben en una desastrosa competencia disuasiva, en que las poblaciones locales se manifiesten en las calles en defensa de “sus” beneficios.

Es un resultado que solo se puede prevenir restringiendo la libertad de circulación, o bien el principio de inclusión. La UE debe reconocer la incompatibilidad relativa entre la calidad del estado de bienestar, la libertad de circulación de las personas y la inclusión, y ha de decidir cuál puede sacrificar.

La mejor opción sería restringir el principio de inclusión para los migrantes de la UE, porque reducir el tamaño y alcance del estado de bienestar aumentaría la inestabilidad social. Y restringir la libre circulación significaría violar una de las libertades fundamentales de la UE.

No sería problemático restringir el principio de inclusión, ya que todos los países de la UE cumplen los requisitos de la Acquis Communautaire (el conjunto de las leyes de la UE) y garantizan un mínimo de protección social. Por ende, en caso de que se percibiesen beneficios sociales no derivados del trabajo (beneficios financiados por impuestos y contribuciones otorgados durante los primeros años en el nuevo país de residencia), el principio del país de origen debería regir por sobre el de inclusión. En los países de destino, se otorgarían a los inmigrantes únicamente en un sistema de seguros con primas ligadas a los costes.

Más aún, la UE tiene que cerrar sus fronteras externas. Su mercado laboral, infraestructura, sistema legal y beneficios sociales representan valiosos bienes colectivos que no pueden quedar expuestos al consumo de migrantes económicos aleatorios de cualquier parte del mundo. Quienes creen que una sociedad liberal precisa de fronteras abiertas no entienden que la protección de la propiedad es un requisito para la libertad.

No obstante lo anterior, sigue habiendo el imperativo humanitario de otorgar asilo a los perseguidos políticos e incluirlos en el sistema de protección social. Pero para separar de los migrantes económicos a las pocas personas (apenas un 0,7% de todas las solicitudes procesadas en Alemania) que corresponden a esa categoría son necesarios sistemas de solicitud y campos de recepción donde se puedan tomar las decisiones fuera de las fronteras de la UE.

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Quienes se centran únicamente en la airada retórica nacionalista que se escucha en determinadas voces de la campaña británica a favor del abandono de la UE no ven la verdad mayor. A menos que la UE abandone el principio de inclusión, el tono de esa retórica aumentará y será inevitable que otros países acaben saliendo de la UE.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen