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La tentación fascista de Rusia

El Kremlin de hoy cree que la implantación de la democracia se ha ido haciendo demasiado aprisa en Rusia. El gobierno no dice que esté contra la democracia, sino sólo que es prematura y se debe aplazarla, lógica que se manifiesta en la mayoría de las decisiones oficiales.

Así, al comienzo del decenio actual, se empezó a desmantelar el sistema democrático de contrapesos y salvaguardias creado en el decenio de 1990. Antes de 2000, había una prensa independiente e influyente y un parlamento leal al Presidente, pero, aun así, independiente. También el Consejo de la Federación (la cámara alta de la Duma) era por lo general leal al Presidente, como también los gobernadores regionales, sin dejar de conservar la independencia. También había empresarios y organizaciones empresariales influyentes que participaban activamente en el proceso de adopción de decisiones. A consecuencia de la desaparición de dichos contrapesos y salvaguardias, la calidad de las decisiones del gobierno ha disminuido claramente.

La tristemente famosa ley de monetización de los beneficios sociales, que transforma en efectivo los beneficios en especie, es un ejemplo típico. Pese a la idoneidad fundamental de aquella medida, se preparó y aplicó deficientemente y el gobierno cometió graves errores de cálculo sobre sus efectos en el presupuesto nacional. Además, provocó protestas sociales en masa, que, evidentemente, el gobierno no había previsto.

En su forma actual, la ley nunca habría sido aprobada por la antigua Duma Estatal. Los diputados la habrían leído y analizado atentamente, habrían formulado muchas preguntas a los ministros y, en caso necesario, habrían insistido en que se corrigieran diversos cuadros presentes en el proyecto. Habrían entendido que los cálculos presentados nada tenían que ver con la realidad y habrían pensado en qué hacer al respecto.