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La necesidad de encauzar la Constitución de la UE

La perspectiva de múltiples referendos sobre la Constitución de la Unión Europea ha cambiado radicalmente las probabilidades de su ratificación. Tanto los eurófilos como los eurócratas sienten escalofríos ante la posibilidad de que un rechazo en varios estados miembros, particularmente en uno de gran tamaño, pueda significar la muerte del proyecto, dejando a la Unión entrampada en disputas acerca del Tratado de Niza. Por otra parte, si los protagonistas son pacientes, los vientos de la democracia podrían conducir a una constitución más sólida, libre de los riesgos de una pesadilla económica y judicial que trae consigo el actual borrador.

La UE necesita con urgencia democratizar sus procedimientos y reorganizar sus instituciones para asegurar que la ampliación de este año no conduzca a un punto muerto burocrático. El borrador de Constitución proporciona respuestas aceptables a muchas preguntas sobre cómo gobernar. Pero la elevación del Capítulo Social, previamente un listado de buenas intenciones, al estado de derechos constitucionales fundamentales, amenaza con cargar a los trabajadores y empresas de los estados miembros con pesados procedimientos judiciales y costosos derechos sociales prescritos en Luxemburgo por jueces cuya última palabra no tiene apelación.

La inclusión de la Parte II en el borrador de los "derechos sociales", como el derecho a no ser despedido injustamente, o el derecho a recibir pensiones al envejecer, compensaciones por desempleo y beneficios de salud (independientemente del costo), no es en modo alguno necesaria para el funcionamiento de este cuerpo legal como un todo. Estas protecciones sociales son dignas de encomio, pero todas ellas tienen un costo.

El mismo término "derecho social" se presta a confusión. Si algo es un "derecho", entonces el costo no es un problema. Por ejemplo, no hay un costo económico que sea demasiado alto para la defensa de la libertad de expresión. Por otro lado, por más deseable que pueda ser la existencia de generosas pensiones públicas, éstas no se pueden disociar de sus costos para los contribuyentes.