WASHINGTON, DC – Hace no mucho, la separación de la supervisión financiera y la política monetaria estaba de moda en varios países. Algunos países –como el Reino Unido y Australia—llegaron incluso a desagregar estas funciones asignando la responsabilidad de la estabilidad financiera a agencias especializadas y alejando a sus bancos centrales de todas las cuestiones de supervisión financiera. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera global, ha sido necesario reunir la supervisión financiera y la gestión macroeconómica.
Este acercamiento es consecuencia del reconocimiento cada vez más generalizado de que los ciclos de los precios de los activos deben tomarse en cuenta tanto para la gestión macroeconómica como para la supervisión financiera. Antes de la crisis, se consideraba que los ciclos de precios de los activos eran esencialmente inofensivos o, al menos, como un canal de política monetaria relativamente insignificante. Aunque se reconocía que frecuentemente surgían burbujas de los precios, la mayoría de los observadores creían que los esfuerzos para detectarlas y abordarlas en una etapa temprana serían imposibles –y potencialmente dañinos. Los recortes de las tasas de interés después de que estallaran las burbujas sería una forma más segura de proteger la economía.
El plan dominante de política era aproximadamente el siguiente: las autoridades monetarias se centraban en los objetivos de inflación al establecer las tasas de interés y eso debía ser suficiente para mantener la estabilidad de los precios y el crecimiento económico casi a su nivel potencial. En cuanto a la supervisión financiera, la estabilidad quedaría garantizada al asegurar que cada institución financiera adoptara reglas cautelares sólidas para preservar reservas de capital proporcionales a su exposición al riesgo. Si bien los bancos centrales se encargarían de mantener niveles adecuados de liquidez en el sistema, los llamados reglamentos financieros "microcautelares" deberían supervisar independientemente la solidez de las instituciones y la protección de los depositantes.
WASHINGTON, DC – Hace no mucho, la separación de la supervisión financiera y la política monetaria estaba de moda en varios países. Algunos países –como el Reino Unido y Australia—llegaron incluso a desagregar estas funciones asignando la responsabilidad de la estabilidad financiera a agencias especializadas y alejando a sus bancos centrales de todas las cuestiones de supervisión financiera. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera global, ha sido necesario reunir la supervisión financiera y la gestión macroeconómica.
Este acercamiento es consecuencia del reconocimiento cada vez más generalizado de que los ciclos de los precios de los activos deben tomarse en cuenta tanto para la gestión macroeconómica como para la supervisión financiera. Antes de la crisis, se consideraba que los ciclos de precios de los activos eran esencialmente inofensivos o, al menos, como un canal de política monetaria relativamente insignificante. Aunque se reconocía que frecuentemente surgían burbujas de los precios, la mayoría de los observadores creían que los esfuerzos para detectarlas y abordarlas en una etapa temprana serían imposibles –y potencialmente dañinos. Los recortes de las tasas de interés después de que estallaran las burbujas sería una forma más segura de proteger la economía.
El plan dominante de política era aproximadamente el siguiente: las autoridades monetarias se centraban en los objetivos de inflación al establecer las tasas de interés y eso debía ser suficiente para mantener la estabilidad de los precios y el crecimiento económico casi a su nivel potencial. En cuanto a la supervisión financiera, la estabilidad quedaría garantizada al asegurar que cada institución financiera adoptara reglas cautelares sólidas para preservar reservas de capital proporcionales a su exposición al riesgo. Si bien los bancos centrales se encargarían de mantener niveles adecuados de liquidez en el sistema, los llamados reglamentos financieros "microcautelares" deberían supervisar independientemente la solidez de las instituciones y la protección de los depositantes.