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Destruir responsablemente el campesinado del mundo

BRUSELAS – El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han presentado recientemente siete “Principios para una inversión agrícola responsable”. Dichos principios van encaminados a velar por que las inversiones en gran escala en tierras den como resultado situaciones favorables para todas las partes, que beneficien tanto a los inversores como a las comunidades afectadas, pero, pese a ser bienintencionados, esos principios son terriblemente inadecuados.

Hace varios años que los inversores privados y los Estados empezaron a comprar y alquilar millones de hectáreas de tierras de cultivo en todo el mundo para garantizar su abastecimiento doméstico de alimentos, materias primas y biocombustibles o para obtener subvenciones por el almacenamiento de carbono mediante plantaciones. Los inversores occidentales, incluidos bancos y fondos de cobertura de Wall Street, ven ahora las inversiones directas en tierras como un refugio seguro en un ambiente financiero, por lo demás, turbulento.

El alcance de ese fenómeno es enorme. Desde 2006, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo, el equivalente de toda la superficie cultivable  de Francia, han sido objeto de negociaciones por parte de inversores extranjeros.

Los riesgos son considerables. Con demasiada frecuencia, conceptos como los de “tierras de reserva agrícola” o “tierras incultas” son objeto de manipulación, pues a veces se usan para designar tierras de las que depende el sustento de muchos y que están sujetas a derechos consuetudinarios muy antiguos. La prescripción de que se hagan desahucios sólo para “fines públicos” válidos, con una compensación justa y tras la consulta a los afectados, resulta más violada que observada.