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Recortar el impuesto corporativo en Estados Unidos justifica el costo

CAMBRIDGE – El Congreso de Estados Unidos está cerca de sancionar una importante reforma impositiva. La cláusula más importante del plan reduce la tasa del impuesto corporativo del 35% al 20% -de la más alta entre todos los países de la OCDE a una de las más bajas- y les permite a las empresas norteamericanas repatriar las ganancias de sus filiales extranjeras sin pagar impuestos adicionales en Estados Unidos. Quienes se oponen a la legislación apuntan al incremento resultante del déficit presupuestario federal, que sumará 1,5 billones de dólares a la deuda gubernamental en los próximos diez años.

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A mí no me gustan los déficits presupuestarios, y desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo sobre sus efectos peligrosos. Sin embargo, creo que los beneficios económicos que resulten de los cambios del impuesto corporativo compensarán los efectos adversos de un incremento de la deuda.

La tasa más baja atraerá capital al sector corporativo de Estados Unidos. Las corporaciones norteamericanas invertirán más en Estados Unidos, porque los países extranjeros ya no ofrecerán tasas impositivas más bajas, y repatriarán las ganancias obtenidas por sus filiales extranjeras en lugar de dejarlas en el exterior. También traerán de vuelta parte de las ganancias extranjeras obtenidas anteriormente, que se mantuvieron fuera de Estados Unidos y cuyo valor, según estimaciones del Tesoro, es de 2,5 billones de dólares. Las empresas extranjeras ampliarán sus inversiones en Estados Unidos -o inclusive trasladarán sus operaciones allí- para aprovechar la tasa impositiva más baja. Y, dentro de Estados Unidos, el capital migrará de la agricultura y la vivienda a usos de mayor productividad en el sector corporativo.

Si bien es difícil calcular el incremento total del capital en el sector corporativo, pienso que es razonable suponer que en los próximos diez años llegará por lo menos a 5 billones de dólares. El mayor flujo de capital al sector corporativo aumentará la productividad y los salarios reales. Si eso sucede, incrementará el PIB real anual en 2027 en unos 500.000 millones de dólares, el equivalente a 1,7% del PIB total de 2027, lo que implica un alza de 4.000 dólares por hogar a dólares de hoy.

Estos efectos favorables son directamente relevantes para equilibrar los principales efectos adversos normalmente asociados con el déficit fiscal: que el endeudamiento del gobierno frena la formación de capital privado; que los mayores pagos de intereses por lo general exigen mayores impuestos o reducciones en el gasto en programas de defensa y no defensa; que un déficit presupuestario implica un incremento no deseado de la demanda agregada cuando la economía registra pleno empleo, y que un ratio de deuda superior deja menos capacidad para un mayor gasto de emergencia del gobierno.

Creo que ninguno de estos problemas se materializará durante la próxima década. Analicémoslos de a uno por vez.

Aunque los 1,5 billones de dólares de endeudamiento del gobierno generados por el proyecto de ley impositivo durante los próximos diez años podrían desplazar una cantidad equivalente de endeudamiento privado, el capital social crecerá en una cantidad aún mayor. El recorte de 1,5 billones de dólares del impuesto corporativo beneficiará directamente a las empresas norteamericanas, y el capital social corporativo crecerá aún más por el ingreso de fondos del resto del mundo. Inclusive con un mayor endeudamiento gubernamental, la reforma impositiva propuesta, por ende, puede seguir incrementando el capital social corporativo en unos 5 billones de dólares en los próximos diez años.  

Es más, el incremento de 500.000 millones de dólares en el ingreso anual total en 2027 aumentaría el ingreso tributario en 100.000-150.000 millones de dólares por año. Eso basta para cubrir los 60.000 millones de dólares en pagos de intereses sobre los 1,5 billones de dólares de deuda adicional, y todavía quedaría dinero para aumentar el gasto del gobierno o reducir los impuestos personales.

De la misma manera, el temor de que un incremento del déficit fiscal estimule de manera indeseada la demanda agregada es erróneo. Por cierto, deberíamos celebrar los efectos de estímulo del déficit fiscal y de una mayor inversión corporativa, por dos razones. Primero, compensarán los efectos contractivos del incremento esperado de la tasa de los fondos federales y el achicamiento del tamaño del balance de la Reserva Federal. Y, segundo, después de nueve años de expansión económica, la mayoría de los expertos esperan que Estados Unidos entre en recesión en algún momento en los próximos cinco años.

De la misma manera, la preocupación por el ratio de deuda gubernamental-PIB, que se ha duplicado en los últimos diez años y hoy está en 77%, es exagerada. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que, inclusive sin una nueva legislación, el ratio de deuda aumentará a 91,2% en 2027. El efecto directo del déficit de 1,5 billones de dólares que implica la reforma tributaria sería llevarlo a 97%. Una emergencia militar o una crisis económica requeriría un gasto adicional financiado con deuda o reducciones impositivas. Pero inclusive un programa de gasto masivo como los 900.000 millones de dólares de la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos de 2009 sólo agregaría tres puntos porcentuales más al ratio de deuda. Es difícil creer que un ratio de deuda del 97% haría que eso resultara más difícil de alcanzar que un ratio de deuda del 92%.

De modo que, por estas cuatro razones, creo que los beneficios de recortar la tasa del impuesto corporativo compensarán con creces los efectos adversos normalmente atribuidos a los déficits presupuestarios. Pero, mirando para adelante, creo que reducir el déficit fiscal debería ser una alta prioridad después de las elecciones parlamentarias de 2018. Un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono o una desaceleración del crecimiento del gasto para programas federales de ayuda social pueden empezar a llevar de nuevo el ratio de deuda hacia el nivel del 50% que prevalecía antes de la crisis de 2008-2009. Pero, antes que nada, es importante sancionar la reforma impositiva propuesta.

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