Tal vez no haya un aspecto más polémico dentro de los mercados laborales que la reglamentación para proteger el empleo, ese complejo conjunto de leyes y procedimientos que establece la manera en la que las empresas contratan y despiden a los trabajadores.
Las empresas se quejan no sólo de los costos directos, sino también de la complejidad y la incertidumbre que esa reglamentación conlleva. Sostienen que las restricciones legales dificultan los procesos de ajuste a los cambios en tecnología y demanda de productos, y que ello a su vez reduce su eficiencia, aumenta los costos y, como consecuencia, frena la creación de empleos.
Los trabajadores, por su parte, se centran en el sufrimiento del desempleo, y afirman que las empresas deben tomar en cuenta ese sufrimiento cuando piensan cerrar una planta o despedir a un empleado.
Tal vez no haya un aspecto más polémico dentro de los mercados laborales que la reglamentación para proteger el empleo, ese complejo conjunto de leyes y procedimientos que establece la manera en la que las empresas contratan y despiden a los trabajadores.
Las empresas se quejan no sólo de los costos directos, sino también de la complejidad y la incertidumbre que esa reglamentación conlleva. Sostienen que las restricciones legales dificultan los procesos de ajuste a los cambios en tecnología y demanda de productos, y que ello a su vez reduce su eficiencia, aumenta los costos y, como consecuencia, frena la creación de empleos.
Los trabajadores, por su parte, se centran en el sufrimiento del desempleo, y afirman que las empresas deben tomar en cuenta ese sufrimiento cuando piensan cerrar una planta o despedir a un empleado.