Los trabajadores informales necesitan algo más que reconocimiento legal

BRASILIA – Durante la pandemia del COVID-19, los gobiernos latinoamericanos tomaron la medida sin precedentes de incluir a los trabajadores informales en una legislación de ayuda de emergencia. Los trabajadores informales representan un porcentaje significativo de la población económicamente activa de los países latinoamericanos, que va del 23,9% en Uruguay al 82,6% en Honduras, y se encuentran entre los más afectados por la pandemia. Su inclusión en la respuesta a la pandemia pareció así un presagio de progreso. Pero, vista más de cerca, la medida puso de manifiesto las consecuencias no intencionadas de no haber consultado con los más afectados por la legislación antes de implementarla.

El reconocimiento legal de los trabajadores informales no es sólo simbólicamente importante. Tiene implicancias materiales significativas. Históricamente, el estatus de los trabajadores informales los hizo invisibles al estado en América Latina. Como no estaban definidos como empleados según las leyes laborales, no eran elegibles para una protección social basada en el empleo. Y no son lo suficientemente pobres como para calificar para una asistencia social.

Las medidas de ayuda durante la pandemia que adoptaron muchos países latinoamericanos eliminaron esta posición de “vacío intermedio”. Una investigación difundida este verano por el programa legal de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO por su sigla en inglés) demostró que, de 16 países latinoamericanos, diez reconocían expresamente a los trabajadores informales como sujetos con derechos legales en las leyes de ayuda de emergencia que instituían programas de transferencia de dinero.