NUEVA YORK – La economía de Puerto Rico está en serios problemas. Más de una década de recesión llevó a la insostenibilidad de la deuda pública e impulsó flujos migratorios hacia Estados Unidos continental, afectando la vida de miles de familias e imponiendo una mayor carga a quienes permanecen en esta isla. La reversión de esta dinámica desestabilizadora requerirá de una reestructuración de la deuda que proporcione el alivio necesario para implementar políticas que favorezcan el crecimiento. Lamentablemente, lo que se ofrece en la actualidad no es para nada suficiente.
La deuda de Puerto Rico se reestructurará bajo el marco establecido por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esa ley federal, promulgada en junio de 2016, también estableció una Junta de Supervisión con potestad para tomar decisiones fiscales para el Estado Libre Asociado de Estados Unidos.
El proceso de reestructuración comenzó el 3 de mayo, cuando la Junta presentó una petición ante un tribunal federal. Sin embargo, aún no se han tomado muchas decisiones cruciales, tales como a cuánto ascenderá el alivio total de la deuda y cómo se distribuirá el “recorte” entre los titulares de diferentes tipos de bonos. Estas decisiones determinarán qué políticas son las factibles para impulsar las perspectivas económicas de Puerto Rico y, por lo tanto, cuánto puede pagar a sus acreedores.
NUEVA YORK – La economía de Puerto Rico está en serios problemas. Más de una década de recesión llevó a la insostenibilidad de la deuda pública e impulsó flujos migratorios hacia Estados Unidos continental, afectando la vida de miles de familias e imponiendo una mayor carga a quienes permanecen en esta isla. La reversión de esta dinámica desestabilizadora requerirá de una reestructuración de la deuda que proporcione el alivio necesario para implementar políticas que favorezcan el crecimiento. Lamentablemente, lo que se ofrece en la actualidad no es para nada suficiente.
La deuda de Puerto Rico se reestructurará bajo el marco establecido por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esa ley federal, promulgada en junio de 2016, también estableció una Junta de Supervisión con potestad para tomar decisiones fiscales para el Estado Libre Asociado de Estados Unidos.
El proceso de reestructuración comenzó el 3 de mayo, cuando la Junta presentó una petición ante un tribunal federal. Sin embargo, aún no se han tomado muchas decisiones cruciales, tales como a cuánto ascenderá el alivio total de la deuda y cómo se distribuirá el “recorte” entre los titulares de diferentes tipos de bonos. Estas decisiones determinarán qué políticas son las factibles para impulsar las perspectivas económicas de Puerto Rico y, por lo tanto, cuánto puede pagar a sus acreedores.