

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
NUEVA YORK – En un estado nación moderno típico, el sector público representa una porción mayor de la actividad económica que cualquier otro sector económico. En 2021, el gasto primario general del gobierno para los estados miembro del G7 oscilaba entre el 39,41% del PIB en Estados Unidos y el 57,66% del PIB en Francia. Las economías de mercados emergentes exitosas -como India (24,93% del PIB) y la República Popular China (31,8% del PIB)- van camino a seguir el mismo patrón. En vista de esto, es esencial una contabilidad del sector público confiable y transparente para que haya una gobernanza y una gestión económicas apropiadas.
Los gobiernos imponen exigencias rigurosas a las entidades privadas para que lleven a cabo una contabilidad de base devengada, según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Esto incluye la producción de un balance auditado, que incluya todos los activos financieros y reales que definen el patrimonio neto convencional.
Uno podría suponer que los gobiernos se ajustan a normas similares, adhiriendo, por ejemplo, a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (la elección obvia). Pero la mayoría de los gobiernos no cumplen del todo con estas normas, y solo Nueva Zelanda utiliza las NIC-SP como la base para su sistema de gestión financiera.
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