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Política y dinero empresarial

CAMBRIDGE – Una reciente resolución hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos amplió la libertad de las empresas para gastar dinero en campañas políticas y candidatos, libertad de la que disfrutan las empresas en otros países de todo el mundo. Dicha resolución plantea cuestiones muy conocidas sobre la democracia y el poder privado, pero con frecuencia se pasa por alto otra cuestión importante: ¿quién debe decidir en una empresa cuyas acciones se coticen en Bolsa si gastar fondos en política, cuánto y para qué fines?

Conforme a las normas tradicionales del derecho de sociedades, las decisiones sobre pronunciamientos políticos de empresas que cotizan en Bolsa están sujetas a las mismas normas que las decisiones empresariales corrientes. En consecuencia, se pueden adoptar dichas decisiones sin la aportación de los accionistas corrientes o de directores independientes y sin su revelación detallada: salvaguardas, todas ellas, que el derecho de sociedades establece en relación con otras decisiones de la dirección, como, por ejemplo, las relativas a la remuneración de los ejecutivos o las transacciones entre partes vinculadas.

Sin embargo, en un artículo reciente Robert Jackson y yo sostenemos que las decisiones sobre pronunciamientos políticos son fundamentalmente diferentes de las decisiones empresariales normales. Los intereses de los directores, ejecutivos y accionistas mayoritarios respecto de dichas decisiones pueden con frecuencia divergir en gran medida de las de los inversores públicos.

Pensemos en una empresa pública cuyo director gerente o accionista mayoritario apoye un movimiento político de derecha o de izquierda del país y desee ayudarlo con fondos empresariales. No hay razones para esperar que las preferencias políticas de los iniciados de la empresa coincidan con las de los inversores públicos que financien la empresa. Además, cuando existe dicha divergencia de intereses, la utilización de fondos de la empresa para apoyar causas políticas de las que los inversores en ella no sean partidarios –o incluso discrepen– puede perfectamente imponer costos que excedan las cantidades monetarias abonadas.