CAMBRIDGE – Una reciente resolución hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos amplió la libertad de las empresas para gastar dinero en campañas políticas y candidatos, libertad de la que disfrutan las empresas en otros países de todo el mundo. Dicha resolución plantea cuestiones muy conocidas sobre la democracia y el poder privado, pero con frecuencia se pasa por alto otra cuestión importante: ¿quién debe decidir en una empresa cuyas acciones se coticen en Bolsa si gastar fondos en política, cuánto y para qué fines?
Conforme a las normas tradicionales del derecho de sociedades, las decisiones sobre pronunciamientos políticos de empresas que cotizan en Bolsa están sujetas a las mismas normas que las decisiones empresariales corrientes. En consecuencia, se pueden adoptar dichas decisiones sin la aportación de los accionistas corrientes o de directores independientes y sin su revelación detallada: salvaguardas, todas ellas, que el derecho de sociedades establece en relación con otras decisiones de la dirección, como, por ejemplo, las relativas a la remuneración de los ejecutivos o las transacciones entre partes vinculadas.
Sin embargo, en un artículo reciente Robert Jackson y yo sostenemos que las decisiones sobre pronunciamientos políticos son fundamentalmente diferentes de las decisiones empresariales normales. Los intereses de los directores, ejecutivos y accionistas mayoritarios respecto de dichas decisiones pueden con frecuencia divergir en gran medida de las de los inversores públicos.
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The banking system we take for granted is unfixable. The good news is that we no longer need to rely on any private, rent-seeking, socially destabilizing network of banks, at least not the way we have so far.
shows why the current private system is unfixable – and why we don’t need to tolerate it anymore.
Like Vladimir Putin, China's leader is so steeped in a narrative of victimhood and fearful of appearing weak that it is hard to imagine him ever leading China out of the mess he has created. He could well be remembered as the leader who squandered history's most remarkable economic success story.
about the country's increasingly worrisome trajectory, both at home and abroad.
Artificial IdiocyFrank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
CAMBRIDGE – Una reciente resolución hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos amplió la libertad de las empresas para gastar dinero en campañas políticas y candidatos, libertad de la que disfrutan las empresas en otros países de todo el mundo. Dicha resolución plantea cuestiones muy conocidas sobre la democracia y el poder privado, pero con frecuencia se pasa por alto otra cuestión importante: ¿quién debe decidir en una empresa cuyas acciones se coticen en Bolsa si gastar fondos en política, cuánto y para qué fines?
Conforme a las normas tradicionales del derecho de sociedades, las decisiones sobre pronunciamientos políticos de empresas que cotizan en Bolsa están sujetas a las mismas normas que las decisiones empresariales corrientes. En consecuencia, se pueden adoptar dichas decisiones sin la aportación de los accionistas corrientes o de directores independientes y sin su revelación detallada: salvaguardas, todas ellas, que el derecho de sociedades establece en relación con otras decisiones de la dirección, como, por ejemplo, las relativas a la remuneración de los ejecutivos o las transacciones entre partes vinculadas.
Sin embargo, en un artículo reciente Robert Jackson y yo sostenemos que las decisiones sobre pronunciamientos políticos son fundamentalmente diferentes de las decisiones empresariales normales. Los intereses de los directores, ejecutivos y accionistas mayoritarios respecto de dichas decisiones pueden con frecuencia divergir en gran medida de las de los inversores públicos.
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