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La guerra al secretismo

LONDRES – ¿Qué tienen en común los recién revelados Panama papers, ExxonMobil y una empresa minera canadiense que opera en Guatemala? Que todos son casos en los que personas y organizaciones poderosas trataron de usar una fachada para ocultarse, engañar o confundir. Y en todos, el intento fracasó.

Es probable que el escándalo mundial que generaron los Panama papers (11,5 millones de archivos extraídos – según parece, por hackers) de computadoras de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca, cuarta mayor gestora offshore del mundo) dure algún tiempo. La publicación de los archivos reveló hasta dónde pueden llegar las personas (y a qué costo) para ocultar activos y evadir impuestos. Lo que se descubrió hasta ahora es un espectro de actividades que van desde usos legales (pero éticamente dudosos) de lagunas en la legislación impositiva hasta intentos de ocultar o lavar dinero obtenido de la corrupción u otras prácticas ilegales.

La reacción, dura e inmediata, fue un repudio casi universal. El escándalo ya provocó la renuncia del primer ministro de Islandia, tras revelarse que poseía acciones de empresas offshore con su esposa. También salpica a parientes de altos funcionarios chinos (incluido el presidente Xi Jinping) y miembros del círculo íntimo del presidente ruso Vladímir Putin.

Xi y Putin no tienen mucho de qué preocuparse. Pero semejante hipocresía de parte de funcionarios públicos que proclaman la necesidad de medidas de austeridad y piden a la gente hacer sacrificios en aras de la prosperidad futura, mientras ellos en secreto evitan el esfuerzo, es una total falta de respeto a la confianza de la ciudadanía en los países democráticos. Si esas empresas fantasma y cuentas bancarias offshore eran legales, ¿por qué tomarse tantos recaudos para ocultarlas? Y si el secreto es legal, ¿por qué está mal?