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Saliendo del asilo

Serbia -que por largo tiempo ha sufrido sanciones por ser el país cuyo último presidente, Slobodan Milošević, inició un genocidio en Yugoslavia- no está acostumbrada a que la alaben por proteger los derechos del hombre. Sin embargo, en un aspecto de la protección de los derechos humanos la tan denostada Serbia ha dado un paso sin precedentes que la pone por delante de todo el resto de Europa Central y del Este, incluidos estados que ya son miembros de la Unión Europea.

En septiembre de 2006, el Ministerio del Trabajo, Educación y Asuntos Sociales de Serbia puso en práctica su política oficial de integrar a la sociedad a miles de personas que habían estado relegadas a instituciones estatales dignas de una novela de Dickens, sólo por el hecho de sufrir de una discapacidad mental. Con este paso histórico, Serbia adoptó una práctica que se fue arraigando en los países occidentales ricos tras la Segunda Guerra Mundial, pero que nunca se aplicó en el bloque comunista.

Es completamente contradictorio con el concepto de una sociedad libre el segregar a personas meramente por su discapacidad mental, hacer caso omiso de sus derechos humanos más básicos, impedirles el acceso a la educación y al empleo, negarles la libertad de escoger dónde y cómo vivir, y con quién pueden relacionarse.

El cambio de política orientado a rectificar esta sombría realidad en Serbia ocurrió cuando el Ministerio aceptó aplicar en todo el país un proyecto piloto que desde 2003 creó una gama de servicios de asistencia con base en la comunidad para permitir que las personas con discapacidades intelectuales salieran de las instituciones donde estaban confinadas y comenzaran a vivir sus vidas en el mundo exterior. Ese proyecto piloto demostró que las personas con discapacidades mentales son capaces de vivir como ciudadanos iguales a los demás, cuando reciben la ayuda adecuada.