NUEVA YORK – Las negociaciones comerciales celebradas recientemente en Singapur concluyeron sin que se lograra un acuerdo sobre la tan esperada Asociación Transpacífica; pronto tendrán otra oportunidad de concluir el que sería el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, pero, en vista de que existen graves motivos de preocupación por que no se tengan en cuenta en él las importantes consecuencias que tendrá para los derechos humanos, no es una razón para celebrarlo.
En la Asociación Transpacífica participan los Estados Unidos, el Canadá y otros diez países de la cuenca del Pacífico, con una producción anual combinada de unos 26 billones de dólares, es decir, el 40 por ciento, aproximadamente, del PIB mundial. Su importancia económica es tanta como sus ambiciones; las conversaciones no se limitan a las cuestiones comerciales tradicionales, que representan sólo cinco de los 29 capítulos propuestos, y examinan una gran diversidad de cuestiones relativas a la inversión y la reglamentación que afectarán a muchos millones de personas... y no siempre positivamente.
La de si la liberalización del comercio ayuda o daña en general a los más vulnerables es una cuestión compleja, pero el debate teórico no debe impedirnos llevar a cabo una evaluación detenida de las consecuencias para los derechos humanos de los términos del acuerdo que actualmente está sobre la mesa. Se debería hacer dicha evaluación antes de que en las negociaciones sobre la Asociación Transpacífica se llegue a un acuerdo final sobre las cuestiones importantes y no se debería pasar por alto la forma de aplicarse dichos términos en la práctica. Lamentablemente, los Estados miembros de la Asociación Transpacífica no sólo no lo han hecho, sino que, además, han excluido a las organizaciones independientes del proceso de evaluación, al no permitir la consulta de los proyectos de textos.
NUEVA YORK – Las negociaciones comerciales celebradas recientemente en Singapur concluyeron sin que se lograra un acuerdo sobre la tan esperada Asociación Transpacífica; pronto tendrán otra oportunidad de concluir el que sería el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, pero, en vista de que existen graves motivos de preocupación por que no se tengan en cuenta en él las importantes consecuencias que tendrá para los derechos humanos, no es una razón para celebrarlo.
En la Asociación Transpacífica participan los Estados Unidos, el Canadá y otros diez países de la cuenca del Pacífico, con una producción anual combinada de unos 26 billones de dólares, es decir, el 40 por ciento, aproximadamente, del PIB mundial. Su importancia económica es tanta como sus ambiciones; las conversaciones no se limitan a las cuestiones comerciales tradicionales, que representan sólo cinco de los 29 capítulos propuestos, y examinan una gran diversidad de cuestiones relativas a la inversión y la reglamentación que afectarán a muchos millones de personas... y no siempre positivamente.
La de si la liberalización del comercio ayuda o daña en general a los más vulnerables es una cuestión compleja, pero el debate teórico no debe impedirnos llevar a cabo una evaluación detenida de las consecuencias para los derechos humanos de los términos del acuerdo que actualmente está sobre la mesa. Se debería hacer dicha evaluación antes de que en las negociaciones sobre la Asociación Transpacífica se llegue a un acuerdo final sobre las cuestiones importantes y no se debería pasar por alto la forma de aplicarse dichos términos en la práctica. Lamentablemente, los Estados miembros de la Asociación Transpacífica no sólo no lo han hecho, sino que, además, han excluido a las organizaciones independientes del proceso de evaluación, al no permitir la consulta de los proyectos de textos.