7

Por un multilateralismo inteligente

MADRID – El apoyo público al sistema internacional de gobernanza y la globalización económica se encuentra debilitado. En muchos países occidentales existe hoy una sensación de injusticia y de creciente desigualdad, que ha llevado al desencanto actual. Ello se ha visto reflejado en el resultado de las últimas elecciones estadounidenses: muchos ciudadanos, que han sufrido estos años el efecto negativo de la globalización o que se sienten temerosos por el “melting pot” global, no se han sentido representados por las clases políticas tradicionales. Así, han dado su apoyo a un candidato que ha prometido soluciones unilaterales domésticas ignorando la actual interdependencia, sin tener en cuenta que, en el mundo en el que vivimos, la realidad -como las soluciones- no entiende de fronteras.

Entre las prioridades de estos grupos reacios a la globalización se encuentra la voluntad de frenar algunos acuerdos comerciales, como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), y renegociar otros como el que mantiene EEUU con Canadá y México (NAFTA). Esta corriente, que se manifiesta a ambos lados del Atlántico, se opone también a las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el principal foro donde se acuerdan reglas globales comerciales. La OMC, además, es de las pocas organizaciones internacionales que cuentan con un órgano cuasi-judicial de resolución de controversias entre sus miembros, por lo que supone una herramienta única y muy valiosa. El declive de la OMC, junto con la desaparición de acuerdos de libre comercio, podría devolvernos a una época de competencia entre grandes potencias, de creación de bloques comerciales diferenciados y de pérdida generalizada de bienestar.

En este contexto, el reciente acuerdo de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá (CETA) supone un destello esperanzador. No ha sido una negociación fácil por la oposición de quienes sospechan que podrían salir dañados. Afortunadamente, después de varios años de negociaciones y una compleja fase final de aprobación interna, se firmó el pasado mes de octubre: el CETA introduce estándares altos medioambientales, laborales y fitosanitarios entre dos bloques desarrollados, basados en valores democráticos y con unos sistemas fuertes de bienestar. El acuerdo puede suponer un aumento del PIB de la UE de alrededor de 12.000 millones de euros al año y un incremento del comercio de bienes y servicios entre ambas partes de casi un 25%.

Además, el acuerdo comercial mejora los sistemas de resolución de disputas, creando un tribunal permanente de resolución de conflictos entre el Estado y el inversor, cuyos miembros permanentes serán elegidos por Canadá y la UE, evitando así conflictos de interés. También obligará a que los laudos sean públicos y permitirá a las partes recurrir las sentencias.