Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi meets with Managing Director of the IMF Christine Lagarde Egyptian Presidency Press Office/Anadolu Agency/Getty Images

¿Los economistas deben hacer juicios morales?

BUDAPEST – Recientemente asistí a un seminario de doctorado en economía laboral en la Universidad Central Europea en Budapest. Allí, consideramos si el plan del gobierno húngaro de centrarse en el desempleo de larga duración está funcionando de manera eficiente, y planteamos una serie de problemas técnicos a ser abordados por el candidato doctoral.

Pero salí perturbado por la experiencia, preguntándome si los economistas profesionales (particularmente en Occidente) tienen que reconsiderar o no el contexto moral y político en el que realizan su trabajo. ¿Acaso los economistas no deberían preguntarse si es moralmente justificable ofrecer consejo, aunque sea estrictamente técnico, a gobiernos corruptos, antidemocráticos y que actúan en provecho propio?

Sin duda, reducir el desempleo de larga duración aliviaría un mal social, y posiblemente garantizaría un uso más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, un mejor desempeño económico puede fortalecer a un mal gobierno. Éste es precisamente el dilema al que se enfrentan los economistas en una serie de países, desde China, Rusia y Turquía hasta Hungría y Polonia. Y no hay ningún motivo para pensar que los economistas en el "corazón democrático" de la Europa occidental y Norteamérica no vayan a enfrentar un dilema similar en el futuro.

A lo largo del tiempo, los economistas han ofrecido tres justificaciones morales o políticas diferentes para su trabajo técnico. La primera justificación, y la más simple, supone sencillamente que los "poderes fácticos" (los receptores finales de su trabajo) son "déspotas benévolos" al estilo de como los describía John Maynard Keynes (aunque Keynes no consideraba que los burócratas británicos de su época fueran déspotas).

En los años 1970, esta defensa fue cuestionada por economistas en el otro extremo del espectro político occidental, quienes señalaban que los burócratas eran un lobby de proveedores como cualquier otro. Así, siempre estarán interesados en expandir su propia importancia individual y colectiva, más allá de si maximiza o no los beneficios sociales. Esta presunción llevó a los economistas a convertirse en "escépticos de la intervención" que preferían las soluciones basadas en el mercado para cualquier problema donde la necesidad de regulación no era obvia. 

Entre estas dos posiciones, la mayoría de los economistas han estado a gusto ejerciendo su oficio en base a la suposición de que, por más intereses personales que puedan perseguir los burócratas, son objeto de supervisión por parte de los políticos democráticos cuyo propio interés personal es el de ser reelegidos manteniendo a los votantes satisfechos. Mientras las soluciones técnicas del economista a los problemas asociados con las políticas sean ofrecidas a funcionarios con legitimidad democrática, según esta opinión, no existe ningún motivo para tener una preocupación política o moral.

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En verdad, hasta los economistas en las dictaduras comunistas podían ofrecer su mejor consejo técnico con una conciencia comparativamente limpia, porque estaban convencidos de que introducir más desenlaces mediados por el mercado inyectaría eficiencia en economías planificadas y aumentaría el espacio de la libertad individual. Esto era así inclusive en la Unión Soviética, al menos después del ascenso al poder de Nikita Khrushchev en los años 1950.

Pero ahora, por primera vez en muchas décadas, los economistas deben considerar las implicancias morales de dar buenos consejos a malas personas. Ya no están exentos de los dilemas morales que deben enfrentar muchos otros profesionales -un ejemplo clásico son los ingenieros que diseñan misiles u otros sistemas de armamentos.

El nuevo dilema moral que enfrentan los economistas quizá sea más claro al interior de las instituciones financieras internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, donde se ganan la vida mandarines económicos con una influencia considerable sobre las políticas públicas.

Después de la caída del comunismo al estilo soviético, las IFIs admitieron a Rusia y a las otras ex repúblicas soviéticas (así como a China) suponiendo que todas ellas estaban encaminadas a acoger la democracia y una economía de mercado basada en reglas. Pero ahora que la recaída democrática es generalizada, los economistas necesitan preguntarse si lo que es bueno para los estados autoritarios es también bueno para la humanidad. Esta pregunta es particularmente pertinente con respecto a China y a Rusia, que son lo suficientemente grandes como para ayudar a desviar el equilibrio del poder mundial en contra de la democracia.    

Siendo ése el caso, parece lógico que los países democráticos deban intentar limitar la influencia de los regímenes autoritarios al interior de las IFIs -si no excluirlos del todo en casos extremos-. Pero vale la pena distinguir entre dos tipos de instituciones internacionales en este contexto: los organismos que fijan reglas y que facilitan la convivencia entre países con intereses ideológicos o nacionales hostiles; y las organizaciones que crean una fuerte comunidad de intereses, lo que implica que los beneficios económicos y políticos para algunos miembros "desbordan" y se perciben de manera más amplia.

Entre las IFIs, la OMC es un ejemplo del primer tipo, como lo son las Naciones Unidas entre las instituciones políticas internacionales. La Unión Europea, por otro lado, es el ejemplo preeminente de una verdadera comunidad de intereses. Y el FMI, el Banco Mundial y muchas agencias de las Naciones Unidas están en algún lugar intermedio.

A partir de esta categorización, podemos extraer lineamientos para que sigan los economistas cuando asesoran a regímenes autoritarios. El consejo o la investigación que permite que los gobiernos autoritarios eviten el conflicto con otros países sería moralmente aceptable en la mayoría de los casos. Después de todo, como observó Winston Churchill, "discutir" es mejor que "pelear". Un buen ejemplo sería una investigación sobre cómo compartir mejor la escasa agua dulce entre los países de Oriente Medio.

Por otro lado, los economistas tienen que tener sumo cuidado cuando ofrecen consejo o realizan investigaciones con claras implicancias políticas para los gobiernos autoritarios. Los economistas no deberían dedicarse a ayudar a que regímenes autoritarios promuevan objetivos nefastos luego de un crecimiento económico más fuerte o de un ahorro de recursos. Eso probablemente signifique no dar consejos al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sobre cómo reducir el desempleo de largo plazo.

No hace falta aclarar que cada caso será único, y los economistas tendrán que decidir por sí solos. Como en el pasado, algunos pueden inclusive abrazar el autoritarismo. Pero para la profesión en general, las consecuencias morales de llevar un análisis económico a la práctica ya no se pueden ignorar.

http://prosyn.org/Ro6IG6d/es;

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