MADRID – Antes, a los déspotas se les veía venir: actuaban abiertamente como déspotas. Hoy, camuflan su dictadura bajo los ropajes del Estado de derecho.
Un buen ejemplo es el Presidente ucraniano Viktor Yanukovich. Menos de un año después de su victoria por la mínima sobre la líder de la oposición Yulia Tymoshenko en las elecciones presidenciales de 2010, ésta fue arrestada bajo falsos cargos de desacato. Ahora está cumpliendo una condena de siete años de prisión por haber, supuestamente, abusado de su posición como Primera Ministra al firmar un acuerdo de gas con Rusia, y sigue a la espera de que concluyan otros dos juicios más.
A diferencia de la mayoría de juicios políticamente motivados, el caso de Tymoshenko entra en el área de competencia la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) y recientemente sentenció que su detención previa al juicio violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, Yanukovich, escudándose en un fingido respeto por el Estado de derecho, insiste en que no se puede plantear conceder el perdón presidencial hasta el agotamiento de los procedimientos judiciales.
MADRID – Antes, a los déspotas se les veía venir: actuaban abiertamente como déspotas. Hoy, camuflan su dictadura bajo los ropajes del Estado de derecho.
Un buen ejemplo es el Presidente ucraniano Viktor Yanukovich. Menos de un año después de su victoria por la mínima sobre la líder de la oposición Yulia Tymoshenko en las elecciones presidenciales de 2010, ésta fue arrestada bajo falsos cargos de desacato. Ahora está cumpliendo una condena de siete años de prisión por haber, supuestamente, abusado de su posición como Primera Ministra al firmar un acuerdo de gas con Rusia, y sigue a la espera de que concluyan otros dos juicios más.
A diferencia de la mayoría de juicios políticamente motivados, el caso de Tymoshenko entra en el área de competencia la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) y recientemente sentenció que su detención previa al juicio violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, Yanukovich, escudándose en un fingido respeto por el Estado de derecho, insiste en que no se puede plantear conceder el perdón presidencial hasta el agotamiento de los procedimientos judiciales.