QUITO – Para comprender las posibles consecuencias de las constantes denuncias del presidente estadounidense Donald Trump contra la prensa, no hay más que mirar a Ecuador, donde el gobierno del ex presidente Rafael Correa atacó a los medios de comunicación a lo largo de muchos años. Durante su presidencia, entre los años 2007 al 2017, Correa implementó una serie de medidas destinadas a sofocar la libertad de prensa. Y, al igual que Trump, utilizó regularmente a los medios de comunicación como chivo expiatorio para aglutinar a sus partidarios.
En el 2015, Correa logró aprobar una enmienda constitucional que cambió la categorización de las comunicaciones, clasificándola como un servicio público, similar al agua o la electricidad, lo que permite un mayor control estatal sobre la libertad de expresión. Y, con el objetivo declarado de garantizar “una cobertura mediática equilibrada”, Correa impulsó la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador del año 2013 y promulgó normas adicionales que permiten al gobierno tomar medidas enérgicas contra los periodistas, como multas, disculpas públicas forzadas e incluso penas de prisión.
Al igual que Trump, Correa a veces solía ir a programas de televisión o radio para denunciar a periodistas, individualizándolos por sus nombres; y, su gobierno demandó en los tribunales a medios informativos. Por ejemplo, Correa presentó una demanda judicial por 80 millones de dólares contra El Universo, uno de los principales periódicos del país. Al final, se forzó a este periódico a pagar 40 millones de dólares a cambio de un “perdón”.
QUITO – Para comprender las posibles consecuencias de las constantes denuncias del presidente estadounidense Donald Trump contra la prensa, no hay más que mirar a Ecuador, donde el gobierno del ex presidente Rafael Correa atacó a los medios de comunicación a lo largo de muchos años. Durante su presidencia, entre los años 2007 al 2017, Correa implementó una serie de medidas destinadas a sofocar la libertad de prensa. Y, al igual que Trump, utilizó regularmente a los medios de comunicación como chivo expiatorio para aglutinar a sus partidarios.
En el 2015, Correa logró aprobar una enmienda constitucional que cambió la categorización de las comunicaciones, clasificándola como un servicio público, similar al agua o la electricidad, lo que permite un mayor control estatal sobre la libertad de expresión. Y, con el objetivo declarado de garantizar “una cobertura mediática equilibrada”, Correa impulsó la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador del año 2013 y promulgó normas adicionales que permiten al gobierno tomar medidas enérgicas contra los periodistas, como multas, disculpas públicas forzadas e incluso penas de prisión.
Al igual que Trump, Correa a veces solía ir a programas de televisión o radio para denunciar a periodistas, individualizándolos por sus nombres; y, su gobierno demandó en los tribunales a medios informativos. Por ejemplo, Correa presentó una demanda judicial por 80 millones de dólares contra El Universo, uno de los principales periódicos del país. Al final, se forzó a este periódico a pagar 40 millones de dólares a cambio de un “perdón”.