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La fiebre de mayo

El 1 de mayo de 2006 es una fecha crucial para Europa porque es la fecha límite para implementar la directiva de la Unión Europea relativa a la libre circulación como ley nacional. La mayoría de los países ya cambiaron sus leyes de inmigración o prometieron hacerlo antes de que venza el plazo. Sólo se han retrasado Bélgica, Italia, Finlandia y Luxemburgo.

Es cierto que algunos de los viejos miembros de la UE han optado por prohibir la migración laboral durante un período de transición que en principio es de dos años pero que puede ampliarse hasta abril de 2011. Sin embargo, esta restricción no se aplica a las personas que trabajan por su cuenta o que no están trabajando. Actualmente, esas personas ya disfrutan de una libertad de migración plena.

Si bien las reglas de la directiva que rigen la migración de los empleados y de las personas que trabajan por su cuenta apenas difieren de las leyes previas de la UE, los derechos de migración y de beneficios sociales de los ciudadanos europeos que no trabajan se han ampliado considerablemente. Según la directiva, cada ciudadano europeo tiene el derecho a un permiso de residencia en cualquier Estado miembro hasta por 5 años seguido por el derecho de residencia permanente. En principio, incluso los inmigrantes sin una actividad podrán recibir los beneficios sociales, igual que los nacionales.

La directiva contiene salvaguardias que limitan el abuso potencial de los beneficios sociales durante los primeros cinco años, incluyendo pruebas de que se cuenta con un seguro médico y el requisito de que se demuestren suficientes "recursos" cuando se solicite un permiso hasta por cinco años. Pero no queda claro qué significan esos recursos. Según el preámbulo de la directiva, un Estado no puede utilizar como excusa para negar el permiso de residencia la falta de recursos suficientes, ya que esto sería discriminación inadmisible. En teoría, el requisito de los recursos debe adaptarse a las circunstancias individuales del inmigrante. Sin embargo, en la práctica, los medios financieros, ya sean activos o ingresos regulares, se exigen de manera uniforme a todos los inmigrantes independientemente de sus características individuales.