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Muchas leyes y poca justicia en China

La imagen en la pantalla del ordenador es impactante: un hombre acostado en una cama de hospital, con la cabeza vendada y largos hilos de sangre que corren desde la parte superior de su cuero cabelludo. El hombre, ahora sentado junto a mí, explica con algo de reticencia: "Por supuesto que debo continuar teniendo fe en el sistema legal chino, aunque debo admitir que este incidente ha aminorado un poco mi optimismo".

El "incidente" ocurrió en diciembre pasado, cuando él y otro abogado viajaron para preparar el nuevo juicio de un activista legal ciego y autodidacta que había sido arrestado por las autoridades después de haber denunciado abusos por parte de las autoridades locales de planificación familiar. Cuando los dos abogados iban en un bus, una pandilla de hombres, algunos de los cuales iban armados con pedazos de tubos metálicos, los abordó y golpeó brutalmente.

Las heridas resultaron ser menores, pero el incidente encarna la paradoja del sistema legal de China: en las dos últimas décadas, China ha promulgado cientos de leyes y elevado el "gobernar el país según el imperio de la ley" a una prominencia ideológica y constitucional. El nivel de información y conciencia legal ha alcanzado niveles sin precedentes. La semana pasada, China finalmente consagró la propiedad privada al aprobar la largamente esperada ley de derechos de propiedad, en lo que el gobierno llamó un "importante avance para la promoción del imperio de la ley en el país".

Sin embargo, el acceso a la justicia sigue estando fuertemente limitado, los tribunales todavía están bajo el control del Partido Comunista de China (PCC) y los abogados que participan en litigios contra entidades estatales locales siguen siendo altamente vulnerables a represalias por parte de actores estatales y no estatales, las que van desde la suspensión de sus licencias de abogado por los organismos judiciales hasta la intimidación o el ataque físico por parte de elementos delictuales. Después de que sus atacantes dejaran el lugar, los dos abogados llamaron una y otra vez a la policía para informar del incidente, pero la policía no hizo nada aparte de tomar la llamada. Las quejas formales ante el ministerio de justicia y la asociación nacional de abogados ni siquiera fueron tramitadas, por no hablar de recibir alguna respuesta.