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¿Nosotras, las grandes empresas?

CHICAGO – Sería como para pensar que 600.000 observaciones sobre una petición fueran suficientes para que un asunto ocupara un puesto destacado en el programa de trabajo de la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, pero a la opinión pública no parece importarle que se trate de la divulgación obligatoria del gasto político de las grandes empresas.

Para desmentir los rumores de que pronto se promulgaría esa norma, la Presidenta de la CMV, Mary Jo White, dijo recientemente a los legisladores que ese asunto no es el más importante precisamente en la lista de sus prioridades, pero si que es una de las principales preocupaciones del Partido Republicano, lo que refleja la determinación de sus dirigentes de impedir que entre en vigor esa obligación. En el pasado mes de abril, Ann Wagner, congresista republicana, presentó un proyecto de ley “para prohibir la promulgación por  la Comisión del Mercado de Valores de normas que exijan la divulgación de los gastos de un emisor de valores para actividades políticas”.

La razón por la que semejante asunto aparentemente menor está mereciendo tanta atención es la de que transciende la dirección empresarial y llega hasta la esencia misma del sistema democrático de los Estados Unidos. Por esa razón, es importante entender lo que está en juego.

La libertad de expresión es un principio democrático fundamental. Parte integral de él es la libertad para gastar dinero a fin de difundir dicha libertad. Cualquier limitación del gasto lo es también de la propia libertad de expresión.