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Ochocientos años de la Carta Magna

PRINCETON – A poco de despegar del aeropuerto de Heathrow, en las afueras de Londres, a veces el avión sobrevuela un prado llamado Runnymede. Hace ochocientos años este mes, ese lugar era escenario de un colorido espectáculo: una multitud de tiendas de barones y caballeros cubría el terreno, y entre ellas se alzaba, más alto, el pabellón del rey Juan de Inglaterra, como la carpa de un circo con el estandarte real ondeando en la cima.

Pero a pesar de la apariencia festiva de la asamblea, la atmósfera era sin duda tensa. El propósito del encuentro era zanjar una disputa entre los barones rebeldes y su rey, un gobernante a quien un contemporáneo describió como “malvado a más no poder”.

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El afán de Juan por recaudar dinero para recuperar tierras perdidas en Francia iba mucho más allá de los impuestos y exacciones usuales que los nobles habían aceptado de sus antecesores. El rey solía apropiarse de los bienes, y a veces hasta de las personas, de lores o mercaderes ricos y exigir un pesado rescate por su liberación.

Si los años de amasar dinero lo hubieran llevado a la victoria, tal vez nada hubiera detenido los métodos arbitrarios de Juan; pero cuando fue derrotado en Francia, un grupo de barones se rebeló contra él y capturó Londres. Entonces el arzobispo de Canterbury medió un acuerdo de paz y el rey tuvo que aceptar las demandas de los barones, expuestas en un documento titulado Carta Magna (es decir, “Gran Estatuto”).

No fue este el primer estatuto concedido por un rey inglés. Un siglo antes, Enrique I había promulgado una Carta de Libertades, en la que indicaba que sería más respetuoso de los privilegios de los nobles que su predecesor. Pero los sucesores de Enrique pronto volvieron a las arbitrariedades de los reyes de aquel tiempo.

La Carta Magna tampoco parecía destinada a durar. Fue anulada al poco tiempo por el papa Inocencio III, aliado con el rey. Pero Juan murió al año siguiente, y los nobles partidarios de su sucesor Enrique III, un niño de nueve años, necesitaron apoyo para defender el trono contra un pretendiente rival. Para conseguirlo, el gobierno de Enrique volvió a promulgar una versión propia de la Carta Magna, que aún forma parte de la legislación inglesa.

Del documento se hicieron copias y se distribuyeron a muchas de las grandes catedrales inglesas. El original en latín se tradujo primero al francés, lengua de la nobleza, y luego al inglés. Cuando el siglo llegaba a su fin, ya lo citaban los plebeyos en sus luchas contra la injusticia.

La primera edición impresa data de 1508. En la década de 1640, los parlamentarios vieron en la Carta Magna un fundamento legal para el derrocamiento del rey Carlos I. Otros rebeldes posteriores, incluidos los revolucionarios americanos y Nelson Mandela, también la invocaron como fundamento de sus acciones.

Lo que este documento de 3500 palabras tiene para darles a estos luchadores por la justicia y la libertad es una declaración resumida de principios generales que se alzan contra las arbitrariedades cometidas por Juan con los bienes y las personas de sus súbditos. El artículo 39 de la Carta Magna declara: “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”. El artículo 40, sucintamente, enuncia otro potente principio: “No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho a la justicia”.

Un eco moderno de estos dos artículos resuena en la 14a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que decreta que ningún estado podrá privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad “sin el debido proceso legal” ni negarle “la protección de las leyes, igual para todos”.

Y sin embargo, la Carta Magna no es un documento democrático. Cierto es que estableció el consentimiento general como condición para el cobro de impuestos, pero había que pedírselo a una asamblea de condes, barones, obispos y abades: en la Edad de la Caballería, ni siquiera los caballeros fueron invitados a participar.

Aunque en aquel momento hubo quien propuso que ciudades como Londres también debían estar representadas, la idea no se abrió paso hasta el texto definitivo. Lo que muestra la Carta Magna, entonces, es que “¿quién gobierna?��� es una cosa y “¿cuáles son los límites al poder político, si los hay?” es otra.

Al intentar poner límites al poder político sin fundamentarlos en la soberanía del pueblo, la Carta Magna reveló un problema con el que los filósofos se habían debatido incluso antes de su sanción. ¿De dónde salen los principios que limitan a los gobernantes, si no salen ni de los gobernantes ni de los súbditos? 

La tradición del derecho natural ofrece una respuesta que ya conocían los eruditos medievales, para quienes la ley natural es cognoscible mediante la razón natural (a diferencia de aquellas leyes que sólo pueden descubrirse por la revelación divina). Los principios fundamentales de la Carta Magna se pueden considerar derivados de la razón, porque la idea misma de ley excluye el arresto y la confiscación arbitrarios, así como excluye un veredicto que no esté basado estrictamente en la correcta aplicación de las leyes. Si A está legalmente obligado a devolver una vaca de B que haya entrado al campo de A, entonces si más tarde una vaca de C entra al campo de B, en igualdad de circunstancias aplicables, B también estará obligado a devolverla. No hace falta que C soborne al juez para recuperarla.

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Aunque la Carta Magna no impide por sí misma la sanción y la aplicación de leyes injustas, eleva la ley por encima de la voluntad del gobernante. Por desgracia, muchos países todavía no aceptan esta idea. No sólo eso, sino que, como demuestra la permanencia del campo de prisioneros estadounidense en la bahía de Guantánamo, incluso países que remontan sus instituciones políticas a la Carta Magna dejaron que la percepción de amenazas a su seguridad debilitara el principio de que a nadie se lo arrestará si no es con arreglo a la ley del país y a nadie se le retrasará el derecho a la justicia.

Traducción: Esteban Flamini