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La larga guerra comercial chino-estadounidense

MILÁN – Algunos observadores interpretan que la guerra comercial iniciada contra China por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una táctica de negociación dura, que está dirigida a obligar a los chinos a cumplir con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y las normas occidentales de hacer negocios. Este punto de vista sostiene que, una vez que China cumpla con por lo menos algunas de las demandas de Trump, se restablecerá el compromiso económico mutuamente beneficioso entre estos dos países. No obstante, existen muchas razones para dudar de un escenario tan benigno. La larga guerra comercial entre China y Estados Unidos es realmente una manifestación de una colisión fundamental de dos sistemas.

Ya se hace claramente visible el impacto adverso de los aranceles ‘toma y daca’ que impusieron las dos partes – y, especialmente, se visibiliza la incertidumbre que dichos aranceles engendran. Para China, los efectos psicológicos son mayores que el impacto comercial directo. Los valores bursátiles chinos han disminuido en un 30% desde que comenzó el conflicto, y se esperan nuevas caídas. Debido a que la deuda respaldada por valores bursátiles se emitió a favor del sector corporativo altamente endeudado, la caída en los precios de los valores bursátiles ha desencadenado llamados para que se constituyan garantías adicionales, y se ha forzado a que se realicen ventas de activos, lo que a su vez ejerce una mayor presión a la baja sobre los precios de los valores bursátiles.

Con el fin de poner un límite a un rebasamiento negativo – es decir para limitar que los precios transitorios de los valores bursátiles sean menores que el valor final de los mismos – los responsables de la formulación de políticas de China se han dedicado a alabar la fortaleza de los mercados de renta variable, y, paralelamente, procedieron a apuntalar y ampliar los canales de crédito para el sector privado, en especial para las pequeñas y medianas empresas, mismas que, a diferencia de las corporativas, están sanas y son sujetos solventes de crédito; además, ellas son empresas que permanecen en desventaja con relación a sus contrapartes de propiedad estatal. Queda por verse si el gobierno intervendrá directamente en los mercados de valores de renta variable.

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