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Dejemos que los afganos lideren la reforma afgana

NUEVA YORK – Si bien el resultado sigue siendo incierto, la elección presidencial de Afganistán ha demostrado que el pueblo afgano anhela un liderazgo más responsable. Pero no resulta menos claro que esta aspiración dista de concretarse, y que la burda gobernancia del país está sentando un cimiento peligrosamente débil para el compromiso internacional.

Estados Unidos y sus aliados no pueden triunfar en Afganistán si no triunfa el propio gobierno afgano. A pesar de los llamados apropiados del Congreso de Estados Unidos a fijar estándares para medir el progreso norteamericano en Afganistán, son muy pocos los que instan a que el gobierno afgano articule sus objetivos para mejorar la gobernancia y la responsabilidad, y explique cómo piensa cumplirlos. Hasta que esto suceda y el respaldo internacional quede condicionado al progreso afgano en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados por los afganos, las instituciones estatales del país seguirán perdiendo credibilidad. El éxito significativo en Afganistán se tornará esquivo no importa cuál sea el nivel de financiación o la presencia de tropas internacionales.

Hoy, muchas partes del estado afgano se están pudriendo desde adentro. La corrupción sistémica está presente en todos los niveles. Se dice que una gran cantidad de funcionarios del gobierno, inclusive miembros de la propia familia del presidente Hamid Karzai, están involucrados en el tráfico de drogas, madera, gemas y otros productos ilícitos. La absolución por parte de Karzai de narcotraficantes con vínculos indirectos con su campaña para la reelección también planteó interrogantes fundamentales sobre el compromiso del gobierno con el régimen de derecho.

Los propios afganos no son los únicos culpables por este estado de situación. Estados Unidos y la comunidad internacional hicieron escasos esfuerzos por crear una estructura adecuada de gobernancia después de la intervención de 2001. En nombre de la inmediatez de corto plazo, fue muy poco lo que se hizo para echar a los gobernadores y policías corruptos, o para contrarrestar la participación de funcionarios de alto nivel en el narcotráfico.