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El verdadero problema de los medicamentos en Estados Unidos

ANN ARBOR – Todo doctor recuerda de manera indeleble a su primer paciente con toxoplasmosis, una terrible infección parasitaria que afecta a personas con sistemas inmunes debilitados, como los que producen los estados avanzados del VIH/SIDA. Tras infectar los órganos y el cerebro de la persona, provoca alteración mental, fiebres, escalofríos y convulsiones. Sin tratamiento puede causar la muerte en apenas una semana.

Durante más de 60 años ha existido un tratamiento, la pirimetamina, disponible en los Estados Unidos como Daraprim, que últimamente casi se ha vuelto inasequible. En agosto, una compañía llamada Turing Pharmaceuticals adquirió sus derechos de comercialización y elevó abruptamente el precio de una pastilla, de $13,50 a $750. Además de causar preocupación sobre su disponibilidad, la situación expone uno de los grandes defectos del sistema estadounidense de atención de salud: a menudo los beneficios importan más que las personas.

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Martin Shkreli, Director Ejecutivo de Turing, recibió fuertes críticas en los medios, por ejemplo una publicación el muro de Facebook de Hillary Clinton, ex Secretaria de Estado de EE.UU. La respuesta de éste fue intransigente: en Twitter, la calificó como “una tonta” y describió el alza del precio como “una gran decisión de negocios que además beneficia a todos nuestros accionistas”.

Desde un punto de vista puramente comercial, Shkreli tiene razón. La patente de la pirimetamina ya está caducada y Turing es su único fabricante. Como la curva de precios para los medicamentos esenciales es casi perfectamente inelástica, elevar el precio en más de un 5000% es una manera racional de aumentar los beneficios. Con todo lo repelente que pueda ser su decisión, ni él ni Turing son el verdadero problema. No redactaron las leyes y normas del país que permiten jugar con los precios de medicamentos como el Daraprim.

La mayor parte de la gente esperaría que los medicamentos esenciales se trataran de modo distinto que los bienes de consumo como los teléfonos móviles o los automóviles, pero en Estados Unidos no existe esa diferencia. De hecho, es el único país desarrollado que permite a las farmacéuticas fijar sus propios precios.

La mayoría de los países europeos regulan directa o indirectamente los precios de los productos farmacéuticos, de manera similar a como se regulan los del agua o la electricidad en los mercados estadounidenses. Por ejemplo, en el Reino Unido un ente regulador, el Instituto Nacional de Eficacia Clínica (NICE, por sus siglas en inglés) decide si los medicamentos tienen un precio adecuado a sus costes como para justificar el reembolso por parte del Servicio Nacional de Salud.

Más aún, puesto que Estados Unidos no cuenta con un sistema de salud financiado de manera pública, no hay ningún usuario único con poder negociador suficiente como para reducir los precios de los medicamentos. En lugar de ello, en cada estado el sistema Medicaid, que cubre la atención de salud de las personas con menos recursos, adquiere sus propios medicamentos. Y se prohíbe a Medicare, uno de los grandes adquisidores que presta cobertura a los mayores de 65 años, negociar los precios. En conjunto con otros factores, esto ha llevado a que en Estados Unidos sean más elevados que en la mayoría de los países desarrollados.

Algunos argumentan que esto se debe a que Estados Unidos debe reflejar sus mayores costes de innovación, pero en muchos casos no es así (y la decisión de Turing es un gran ejemplo de esto). Las alzas de los precios son sencillamente búsqueda de beneficios por fabricantes que quieren ganar dinero.

No será sencillo solucionar el problema. Crear un nuevo ente regulador probablemente sea demasiado costoso en términos de burocracia y pasar a un sistema de pago único, políticamente imposible. Y, en todo caso, es complejo dar  a un solo organismo el poder de determinar el precio de un medicamento para todo el país. Diferentes grupos pueden beneficiarse de modo distinto, dependiendo de factores como la edad o la condición socioeconómica. Incluso así es posible dar pasos sencillos para prevenir la especulación con los precios y, al mismo tiempo, mantener los incentivos a la innovación.

Daraprim se puede adquirir fácilmente y a bajo coste en otros mercados, como el Reino Unido, India y Brasil. Sin embargo, en Estados Unidos hizo falta que el alza de precios de Turing causara un clamor generalizado para que un competidor anunciara la producción de una alternativa a menos de $1 la píldora. Puesto que al año se emiten menos de 13.000 recetas médicas de pirimetamina, las farmacéuticas no tenían incentivos financieros para pasar por todo el proceso de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de solicitud y aprobación normativa. Además, la lista de espera de la FDA de más de 4 000 solicitudes de medicamentos genéricos implica que el proceso puede llegar a tardar más de dos años.

Las garantías por volumen son un modo de generar competencia e ir bajando los precios en estos nichos de mercado. Funcionó bien en el caso de los medicamentos para el VIH/SIDA, cuando los donantes reunieron las adquisiciones para países de ingresos medios y bajos a fin de crear techos de precios. En Estados Unidos se podría dar el mandato a unos pocos grandes compradores públicos, como Medicare y Medicaid, para crear una garantía de volumen general, incentivar la entrada de nuevos actores y dar razones a los fabricantes existentes para mantener los precios a raya.

Otra manera de dar más atractivo a los nichos de mercado es mediante vales de revisión prioritaria, que prometen a los fabricantes un proceso más rápido para uno de sus medicamentos. La FDA ya los otorga a fabricantes de enfermedades pediátricas poco comunes y podría hacer lo mismo para medicamentos genéricos con poco mercado.

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El intento de Turing de beneficiarse a costa de quienes padecen VIH ha demostrado claramente que los reguladores y fabricantes de medicamentos deben explorar nuevas maneras de actuar. El acceso a medicamentos esenciales no debe depender del grado de benevolencia de una persona. En lugar de ello, debemos trabajar por hacer que nuestras instituciones incluyan prácticas y políticas que protejan los intereses de los pacientes.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen